«Si no fueran vascos hace tiempo que estarían en la calle». Esa sentencia que ha repetido en más de una ocasión, dando su opinión de abogado, Jean-René Etchegaray lleva camino de mostrarse justa al hilo de lo ocurrido ayer en el Tribunal de Aplicación de Penas (TAP).

La audiencia sobre la tercera petición de libertad condicional presentada por Frédéric Xistor Haranburu estuvo marcada por la posición hermética del fiscal, lo que «lamentablemente no es nada nuevo», según recordaba a GARA la abogada Maritxu Paulus Barsurco, aludiendo a los sucesivos rechazos de los tribunales galos a excarcelar a presos con largas condenas, caso de Haranburu, pero también de Jakes Esnal o de los hermanos Parot.

Con todo, la audiencia de ayer contaba con un elemento nuevo que reforzaba, más si cabe, el argumentario de la defensa. De hecho, más allá de contar con los informes que elaboran funcionarios adscritos a las comisiones encargadas de la valoración del preso, en esta ocasión la letrada aportó un aval mayor.

Por primera vez, la Fiscalía de Baiona ha respaldado la demanda de Haranburu y lo ha hecho, además, en unos términos que no dejan lugar a dudas. Esta instancia no ve impedimentos para el retorno a casa del preso de 66 años de edad y que el pasado abril entró en su trigésimo año de encarcelamiento.

Sin embargo, impasible a la evolución del contexto político y social en Euskal Herria y a esa opinión favorable de los principales estamentos del país a que se implemente una política penitenciaria acorde a los nuevos tiempos y en la que «prevalezca una óptica humanitaria», por emplear la expresión del senador y miembro de la delegación vasca, Max Brisson, el fiscal abogó de nuevo ayer por retener en prisión a Xistor Haranburu.

No cambio ni moduló sus tres argumentos-tipo. Aludió así a la alarma social que se derivaría de la excarcelación de un preso que, no obstante, cuenta con un plan de reintegración familiar y laboral, y al riesgo de reincidencia. O lo que es lo mismo, habló del «peligro real» de reincorporación de un exmilitante de ETA a la actividad de una organización armada que ya no existe. Finalmente, recordó la gravedad de los hechos por los que fue condenado el de Senpere.

Morir en prisión

La defensa de Haranburu no oculta su pesimismo ante la evolución de la demanda sobre la que se pronunciará el TAP el 24 de julio. «Aun en el caso de que el juez secundara la petición, como ha hecho antes y es lógico que lo haga ahora, tememos que el fiscal la bloquee, lo que nos llevaría al Tribunal de Apelación, que siempre nos ha sido desfavorable», explica.

«Hay un bloqueo absoluto, con una Fiscalía Antiterrorista que mantiene su actitud contra el resto del mundo», denunció Paulus Basurco, para aseverar que «si vamos con todos los informes a favor y se nos dice que tampoco, habrá que concluir que alguien ha decidido que ese preso debe morir en la cárcel».