La Suprema Corte de Justicia de México rechazó ayer un histórico fallo que, por primera vez, ordenaba a un Congreso local, el de Veracruz, reformar su Código Penal para evitar la criminalización del aborto. Con cuatro votos contra uno, los miembros de la Primera Sala rechazaron el proyecto de su presidente, Juan Luis González Alcántara, que respaldaba a un juez de Xalapa que otorgó amparo a activistas para exigir al Congreso de Veracruz reformar los artículos 1479, 150 y 154 del Código Penal.

Las jueces que se opusieron argumentaron que su voto no era un voto contra el fondo del asunto, sino contra el concepto de «omisión legislativa» que señalaba el proyecto.

«La Corte, a mi juicio, no puede sustituir al Congreso para ordenarle un contenido legislativo específico, en este caso, pues no existe un mandato legislativo específico de legislar en ese sentido», explicó quien lideró esa oposición, la jueza Norma Piña.

El fallo es un golpe al movimiento por los derechos reproductivos de las mujeres en México, donde solo Ciudad de México y Oaxaca permiten la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, aunque en todos los estados se autoriza en caso de violación y en casi todos, por riesgo para la madre.

De hecho, la Suprema Corte ya falló a favor de los derechos reproductivos de las mujeres al validar en 2008 el aborto legal en Ciudad de México y en 2019 la Norma Oficial Mexicana 46, que permite a toda víctima de violación abortar sin tener que presentar pruebas.

Si se aprobaba la propuesta en la Primera Sala, mujeres de otros estados podrían haber presentado amparos para obligar a los congresos locales a legislar en el mismo sentido.