Dos años y nueve meses después de que líderes del procés decidieran tomar el camino del exilio, la ofensiva española para traerlos de vuelta y encarcelarlos sigue sin dar en ninguna diana. Tropezó primero con el tribunal de Schleswig-Holstein en el caso de Carles Puigdemont y ahora lo ha hecho con la Justicia belga en un asalto que casi daba por ganado. La decisión, de hecho, puede tener más relevancia que la del juzgado alemán. Y es que, aunque en la cacería de Madrid Lluís Puig sea solo pieza menor, la sentencia puede marcar camino al resto.

Un juzgado de Bruselas ha determinado que el que era conseller de Cultura no puede ser entregado para ser juzgado por «malversación» porque el juez del Supremo Pablo Llarena no tenía competencia para ello al no existir aforamiento. Entiende que en su caso debía haberlo pedido un tribunal catalán.

Es el tercer intento en falso contra Puig, dado que la primera euroorden fue retirada para evitar que la Justicia belga condicionara a la baja los delitos imputables y la segunda decayó por defecto de forma. La Fiscalía de Bruselas –que ejerce como brazo ejecutor de la española– ha anunciado recurso.

El varapalo a Madrid es importante porque Puig tenía en su contra dos elementos inquietantes. Es el único de los cuatro exgobernantes exiliados sin acta de eurodiputado, lo que concede a Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí inmunidad, al menos mientras se resuelven los suplicatorios. Y en su contra solo se formula una acusación de «malversación» (relacionada con el referéndum del 1 de octubre de 2017), lo que supone un delito homologable en Europa, al contrario de lo que ocurre con los de «rebelión» o «sedición», más difíciles de colar. De hecho, en su momento el citado tribunal de Schleswig-Holstein abrió la puerta a extraditar al president legítimo para que fuera juzgado por esta acusación, si bien Madrid lo declinó al estimarlo insuficiente.

Así las cosas, hará falta algo de tiempo para calibrar las repercusiones de esta decisión, pero ayer fue un día alegre para el independentismo. Empezando por el propio Lluís Puig, que en Bruselas remarcó su «satisfacción y tranquilidad», posó con el pulgar en alto en señal de victoria, y añadió que en coherencia con la decisión judicial sus compañeros encarcelados no debían haber sido juzgados y condenados en el Tribunal Supremo español.

«Estoy contento de una primera sentencia que dice clara y rotundamente que el Tribunal Supremo no es competente para pedir mi extradición. Está diciendo que el juicio del 1 de octubre no tendría que haber empezado en el Tribunal Supremo», consideró el exconseller.

En consecuencia, pidió la anulación de la causa e indicó que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene en su mano ahora «aplicar una amnistía total y eliminar la sentencia del 1-O».

Desde ERC, su presidente en el Parlament, Sergi Sabriá, celebró también esta «victoria jurídica» y vio abierta la vía a un «revolcón técnico y político», interpelando así igualmente al Ejecutivo Sánchez.