Catalunya sigue siendo, con el 19,15% del PIB, la comunidad autónoma que más aporta a las arcas públicas del Estado. Figura en el primer puesto desde el inicio de la reforma política, y, en términos de potencial económico, conserva unos indicadores que nada tienen que envidiar a los länder alemanes y otras regiones del centro de Europa. Pero pese a tener un robusto sistema productivo, ve mermado su progreso a causa de las limitaciones presupuestarias y el déficit fiscal a que le somete el Estado en base al principio de ordinalidad que fija la LOFCA (las últimas balanzas fiscales cifran en 16.500 millones de euros la cantidad que Catalunya pierde cada año de acuerdo con su contribución en impuestos).

Si el déficit fiscal se ha cronificado de forma alarmante, también lo ha hecho la falta de inversiones en infraestructuras, ya que «entre 2002 y 2017 los incumplimientos de los sucesivos gobiernos ha hecho que el PIB catalán perdiera 9,8 puntos». Así de revelador es el estudio con el cual la Generalitat y el equip AQR-Lab (dependiente de la Universitat de Barcelona) han evaluado el impacto que la desinversión del sector público estatal ha tenido sobre la economía catalana.

El estudio, que utiliza el modelo europeo de aplicación QUEST-CT, estima que la política errática y discriminatoria hacia Catalunya ha provocado notables perjuicios en el consumo, la movilidad, la proyección, la cohesión territorial y el empleo.

Viene de lejos

Según detalla en las conclusiones, Catalunya ha dejado de percibir 8.000 de los 33.000 millones presupuestados, a la vez que hubiera podido generar 23.820 millones adicionales y una horquilla de entre 25.000 y 113.000 puestos de trabajo durante el periodo analizado.

No es una situación que haya empezado ayer. «Desde 1978 el Estado no ha puesto ni un solo kilómetro de cercanías en Catalunya». Con estas declaraciones el president de la Generalitat, Quim Torra, salía recientemente al paso para explicar las incidencias que padece la principal red ferroviaria del país. Una anomalía endémica que, según la conselleria de Territorio y Sostenibilidad, hace que la puntualidad de los trenes se sitúe en el 60% de promedio.

Especialmente lacerante resulta la situación en las líneas R3, que enlaza Vic-Ripoll-Puigcerdà, y la R16, que conecta Barcelona con las comarcas del Ebro, en la cual seis de cada diez convoys llegan con retrasos superiores a los 30 minutos.

Todos los expertos vinculan estos problemas a la escasa inversión por parte de Fomento, pues de los 4.000 millones de euros que el Gobierno de Rodríguez Zapatero contempló en el Plan de Cercanías 2008-2015 (adoptado en virtud de la Disposición Adicional Tercera), solo se ha ejecutado el 13,5%. Y de los 300 millones del plan de actuación al que se comprometió el PP entre 2014 y 2016, el gasto no sobrepasó un paupérrimo 8,4% de lo estipulado.

El otro talón de Aquiles que arrastra Catalunya es el Corredor Mediterráneo, la doble vía de alta velocidad que tiene que unir la frontera francesa con Algeciras. Pues bien: aunque el 2013 la Unión Europea calificó la infraestructura de «prioritaria y de obligado cumplimiento», el Estado ha agotado todo los términos y sigue sin atender esta demanda crucial para vertebrar las áreas más dinámicas y con mayor aportación al PIB español. Un hecho que, en opinión de Joan Canadell, presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, evidencia la «falta de voluntad política de un Estado que sigue empecinado en una concepción radial y nada eficiente de la economía».

Aparte de estas infraestructuras, el informe de la Generalitat y la UB añade otras que siguen sin culminarse. Es el caso del tren lanzadera al aeropuerto del Prat, aplazado hasta 2021; la Estación de La Sagrera, que permitirá el acceso a las redes de alta velocidad con trenes de larga y media distancia; la L9 del Metro, básica para religar la red ferroviaria de toda el área metropolitana de Barcelona; la B-40 entre Abrera y Terrassa, que debe facilitar la conexión entre los dos Vallès; el tramo de lA A-27 entre Tarragona y Montblanc, cuyo proyecto se remonta al 1995; o la N-II en su paso por el norte de Girona, tambien prorrogado para 2021. Sin olvidar, por su relevancia, la construcción de la terminal satélite del aeropuerto, que ha de permitir aumentar la capacidad de viajeros hasta los 70 millones anuales.

Madrid en el espejo

Cifras en mano, el estudio advierte que estos incumplimientos impiden que Catalunya se posicione como una de las áreas económicas de referencia del sur de Europa. Una dinámica de la cual ya alertaron en su momento varios expertos a propósito de las primeras leyes de financiación autonómica. Este fue el caso de las economistas Núria Bosch y Marta Espasa, que en 2008 publicaron un informe encargado por la UB que cartografiaba los incumplimientos que Catalunya acumulaba desde el 1991. El estudio concluía que los 19.286 millones de euros invertidos en ese periodo estaban muy por debajo de la media del PIB español y suponían un 48% menos en comparación con el peso demográfico y económico de Catalunya.

Pasada esta etapa, la situación no ha hecho más que empeorar, alimentada por las últimas crisis económicas, hasta el extremo que, si miramos los porcentajes por habitante, un reciente informe de la Cámara de Comercio de Barcelona señala que entre 2011 y 2018 el Estado ha invertido 107 euros anuales por catalán, mientras que la media del conjunto de comunidades autónomas es de 136 euros, un 27% más. En total, las inversiones en Catalunya equivaldrían al 9% del presupuesto estatal pese a contar con el 16% de población.

Si lo medimos con Madrid, el saldo revela un agravio aún más colosal, pues las partidas atribuidas a esta comunidad suponen 191,7 euros por persona, un 55,2% más que las de Catalunya. Dicho con otros números: solamente en los últimos cinco años, el Estado ha invertido en Catalunya el 66% de lo estipulado, mientras que en Madrid ha volcado más de la totalidad de las partidas contempladas, llegando a un 114%.

De esta manera, pese a ser la comunidad que aporta más al PIB español (231.277 millones de euros, el 19,15%), Catalunya ha visto como, fruto de estas políticas, la Comunidad de Madrid se ha situado en el 19% del PIB, a punto de hacerle el sorpaso.

Todo ello, insiste el estudio, hace que los retrasos en las obras de cercanías, el Corredor Mediterráneo, el aeropuerto y otras infraestructuras claves estén poniendo en claro riesgo la competitividad de Catalunya.

Tan profunda se ha hecho la grieta que, según cálculos de la Cámara de Comercio de Barcelona, el Estado tendría que invertir 45.000 millones de aquí al 2030 para nivelar este déficit atávico al que somete a Catalunya, una locomotora que se va desangrando a pasos agigantados.

 

Trias Fargas y la teoría de la «asfixia premeditada»

Este 2020 se cumplen 35 años de ‘Narració d’una asfíxima premeditada’, el libro con el cual Ramon Trias Fargas ya pronosticó las nefastas consecuencias que tendría para Catalunya su absoluta dependencia fiscal del Estado.

Trias Fargas, conseller de Economía y Finanzas de los primeros ejecutivos de Convergència i Unió (1980-1982 y 1988-1989), denunciaba entonces que los gobiernos españoles abusaban de la idea que Catalunya había salido muy aventajada del periodo franquista y que, por este motivo, tenía que solidarizarse hasta la última peseta con las regiones más desfavorecidas del Estado. Según decía, mediante esta estratégica sicológica se perpetraba un expolio económico que dejaba las finanzas de la Generalitat completamente maltrechas. «Poco café para todo y la taza más pequeña para Catalunya», resumió de esta manera el agravio.

Trias Fargas entendía que, bajo la máxima de la igualdad constitucional y la cohesión entre les comunidades, el Estado restaba a Catalunya cualquier posibilidad de gestionar sus propios recursos y, en consecuencia, de aprovechar sus potencialidades en el terreno productivo.

Pasados los años, las tesis de Trias Fargas han sido recogidas por varios economistas de prestigio, como Modest Guinjoan, Xavier Cuadras i Miquel Puig, autores en 2013 del libro ‘Com Àustria o Dinamarca-la Catalunya possible’, en cuyas páginas se percibe que una Catalunya independiente tendría los mismos niveles de bienestar, desarrollo y ocupación que los estados de la Europa del norte. Una reflexión que también compartieron en 2016 Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de Economía, y Kennett Rogoff, exresponsable de Economía del FMI, enlazando con la sentencia que había hecho Trias Fargas en su momento: «La prosperidad de Catalunya radica en contar con las máximas palancas de autogobierno».