Tras cuatro años de debates en sede parlamentaria –los trabajos para renovar las propuestas se iniciaron en setiembre de 2016–, la Mesa y Portavoces de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo adoptó ayer, por unanimidad, una veintena de nuevas recomendaciones, la mayoría de las cuales ya se habían cerrado en 2019; es decir, en la anterior legislatura.

El próximo martes serán votadas en un debate abierto y con un texto que recogerá la esencia de las propuestas y que ahondará en la separación de las fuentes de financiación. Posteriormente, se elevará al Pleno del Congreso, donde los diferentes grupos parlamentarios podrán incluir votos particulares.

El documento contempla acabar con el déficit de la Seguridad Social en 2023, así como con los préstamos del Estado, y amplía las partidas de la Seguridad Social que el Estado debe financiar vía transferencias directas o vía impuestos.

Financiación del sistema

El nuevo texto incluye una recomendación “cero” con los principios básicos para el sistema público de pensiones, subrayando la oposición del Pacto de Toledo a una «transformación radical» del sistema que rompa con sus principios, como los de «solidaridad, suficiencia o equidad», o que incluso eventuales reformas afecten a los mismos, según el borrador al que tuvo acceso Europa Press.

La Comisión del Pacto de Toledo fue creada el 6 de abril de 1995 bajo el siguiente epígrafe: «Análisis de los problemas estructurales del sistema de seguridad social y de las principales reformas que deberán acometerse». Y tiene el mandato de renovar las recomendaciones sobre el sistema de pensiones cada cinco años.

El documento que se someterá a votación señala que la financiación del sistema debe adaptarse a la protección del mismo, por lo que las cotizaciones sociales, aun manteniéndose como «fuente básica» de ingresos, deben acompañarse con otras vías para asegurar la sostenibilidad del sistema y la suficiencia de las pensiones.

Entre las principales aportaciones están la recuperación del IPC como referencia para las revalorizaciones anuales de las pensiones y un plan de saneamiento de las cuentas. Este consiste en sacar del sistema una serie de gastos detectados como “impropios” para, en un plazo marcado hasta 2023, empezar a asumir toda esta factura desde los Presupuestos Generales del Estado, y no desde las cuentas de la Seguridad Social, una medida ya comprometida por el Gobierno de Pedro Sánchez para las cuentas públicas de 2021.

También apuesta por los planes de empresa para complementar las pensiones.