El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, intenta recuperar el control sobre la agenda política tras la imputación de Donald Trump por «incitación a la insurrección», detallando las prioridades de los primeros cien días de su mandato, que corren el riesgo de ser eclipsadas por el juicio político a su predecesor.

El demócrata será investido el 20 de enero, en una ciudad de Washington atrincherada desde el asalto al Capitolio de la semana pasada.

Desde su bastión de Wilmington, Delaware, avanzó ayer detalles de un nuevo plan de estímulo fiscal, cuyo coste rondaría los 1,5 billones de dólares, con más ayudas directas a los ciudadanos y empresas, y un mayor gasto para la vacunación contra el covid-19.

Tras este primer impulso, Biden prevé lanzar a finales de año un plan de inversión en infraestructuras para revitalizar el empleo, un proyecto de amplio alcance que ya habían planteado en su momento, sin éxito, Donald Trump y Barack Obama.

A finales de 2020, el Congreso aprobó otro paquete de estímulo de 900.000 millones de dólares que los demócratas apoyaron, pero consideraron insuficiente.

Ya el miércoles, al final de la votación que le valió a Trump el título ignominioso de primer presidente objeto de un segundo juicio político, Biden pidió al Senado que conciliara este proceso con el avance de «asuntos urgentes de la nación».

El juicio a Trump eclipsará también las audiencias de confirmación de los miembros de su Gobierno, imprescindibles para pasar a la acción. Sobre todo porque ya no parece imposible una condena que inhabilite a Trump, dada la división del bando republicano.