El ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, entregó a la embajadora de la Unión Europea en Caracas, Isabel Brilhante, el documento en el que se le declara «persona non grata», después de que el Legislativo emplazara al Gobierno a expulsar a la embajadora en respuesta a la injerencia de la UE en los asuntos internos del país caribeño.

«Se le ha dado un plazo de 72 horas para abandonar el territorio venezolano», anunció Arreaza tras reunirse con la embajadora. En un encuentro con Brilhante, el ministro le explicó «el irrespeto a la Constitución» que suponen las sanciones europeas contra autoridades de Venezuela. «Ojalá que haya una evaluación sosegada (...), que hagan un proceso de análisis reflexivo, que puedan deponer esas actitudes injerencistas y prepotentes», añadió el canciller.

Arreaza también espera que el bloque europeo «deje de ser un apéndice de la élite dominante», en alusión a EEUU, y que «aprenda a respetar a los países independientes». No obstante, dijo tener esperanzas de que en el futuro se puedan «reconstruir los puentes de entendimiento y diálogo» entre Venezuela y la UE que, recordó, ya ha aprobado 55 paquetes de sanciones económicas en los últimos años.

El Consejo de la UE aprobó el lunes nuevas sanciones contra 19 altos funcionarios, jueces, diputados y militares venezolanos, decisión «anacrónica, intervencionista e injerencista», para Caracas. El 29 de junio de 2020, Maduro ya ordenó a Brilhante la salida del país respondiendo a otra serie de sanciones, una decisión que revocó el 2 de julio, con la esperanza de que la decisión facilitara el diálogo.

Según el ministro, la diplomacia española le sugirió ayer «no responder con cañones los tiros de escopeta», minimizando el efecto de las nuevas sanciones, pese a que para Caracas estas medidas «no son cañones, son bombas atómicas que lanzan contra Venezuela».

El Gobierno venezolano también entregó notas de protesta a los jefes de las misiones diplomáticas de los Estados español y francés, Países Bajos y Alemania –los cuatro países que considera más beligerantes–, además de un ejemplar de la Constitución venezolana y de la Carta de la ONU, documentos que, según el Ejecutivo, han sido vulnerados.