Tras una semana de silencio sobre el audio de Intxaurrondo, entrevistada ayer domingo en Radio Euskadi la actual vicelehendakari, Idoia Mendia, se revolvió muy molesta contra Sortu por espetarle que no haya aludido al tema. Llegó a tildar de «caradura» a su portavoz en Gipuzkoa, Haimar Altuna, por interpelarle en Tolosa.

Tras decir sobre el audio que «es intolerable que personas puedan hablar con esa frialdad sobre cómo torturar», la vicelehendakari apostilló que «si hay un partido que ha trabajado en Euskadi para que se investigue la tortura y las vulneraciones de Derechos Humanos, es el PSE».

Esgrimió para ello que el primer decreto sobre los eufemísticos «abusos policiales» fue aprobado por el Gobierno de Patxi López, con su propio impulso como consejera de Justicia, en 2012. Y añadió que en 2019 el Parlamento de Gasteiz aprobó la ley para el periodo posterior (1978-99) y que EH Bildu no votó a favor. Hay que matizar que este grupo se abstuvo en el debate de 2019 precisamente para facilitar su aprobación pese a considerar insuficiente la norma (fue aquel día en que Jusapol montó un escándalo en la tribuna frente a Julen Arzuaga). También se abstuvo Elkarrekin Podemos, representada en este debate por Pili Zabala, la hermana de Joxi Zabala, sobre cuya muerte se arroja luz también en el audio.

Los datos

A la espera de lo que depare el segundo proceso ahora en fase de presentación de solicitudes (hay plazo hasta diciembre), lo cierto es que el primer decreto apenas ha reparado a víctimas de tortura si se comparan sus resultados y los datos sobre esta lacra acreditados por el propio informe oficial de Lakua, elaborado por Paco Etxeberria.

Así, en el primer decreto fueron reconocidas 72 solicitudes. Suponen solo el 6,6% de las 1.081 personas identificadas en el mismo espacio temporal (1960-78) como torturadas.

Aquí hay que introducir dos matizaciones. Por un lado, es evidente que no todas las personas torturadas presentaron la solicitud preceptiva; como ha explicado Egiari Zor, que anima a recorrer este camino, muchas pensaban que al estar incluidas en el censo del Instituto Vasco de Criminología ya se encontraban censadas. En sentido contrario, resulta posible que el informe de Etxeberria quizás solo haya captado la punta del iceberg, dados los años transcurridos o las reticencias de muchas personas torturadas a revelar su propio drama; de hecho, los trabajos paralelos de la fundación Euskal Memoria ya elevan la cifra de personas torturadas a 5.657 mientras el informe de Etxeberria censó 4.113 casos.

Está por ver si el segundo decreto efectivamente sí supone un salto cualitativo en el reconocimiento y reparación de la tortura en la CAV. Y falta abrir una vía similar en Nafarroa. Por el momento, Egiari Zor recuerda que solo 103 personas están admitidas oficialmente como víctimas de la tortura: las 72 amparadas por ese decreto y las 31 reconocidas por contar con sentencias judiciales favorables.

Este último dato también permite extraer un porcentaje muy elocuente: los torturados admitidos judicialmente suponen solo el 0,75% de los censados por el equipo de Etxeberria, y en un informe que se reconoce muy incompleto.

¿Admitirá Lakua como víctimas a Lasa y Zabala? ¿Y a Zabalza?

Por si quedara alguna duda a estas alturas, entre los 31 torturados reconocidos por sentencias judiciales no están ninguno de los tres señalados en la grabación de Intxaurrondo. En el caso de Mikel Zabalza, obviamente tiene que ver con que el caso judicial se cerró en falso después de que en 1985 se argumentara oficialmente que el joven orbaiztarra se ahogó al intentar huir y después de que en los 90 y la primera década de este siglo no se tuviera en cuenta como prueba esta grabación.

¿Y en los casos de Joxean Lasa y Joxi Zabala? ¿Son víctimas para los tribunales? Pues tampoco estrictamente, porque la sentencia de la Audiencia Nacional que probó sus secuestros y muertes no pudo hacer lo mismo con las tormentos, al hacerse desaparecer sus restos en cal viva. No obstante, el tribunal expuso que las vendas con restos de sangre que rodeaban los huesos hallados en Busot eran un indicio de ello. ¿Les reconocerá esta ley de Lakua, que abarca 1983 y 1985?.