Es normal que el jefe de un gobierno trate de defender la gestión de su ejecutivo. No cabe esperar lo contrario. Sin embargo, hay que encender las alarmas cuando para ello se utilizan falsedades y medias verdades. O como gusta llamarlas ahora: fake news. Solo así se pueden calificar los datos que ayer manejó el lehendakari Iñigo Urkullu para edulcorar el impacto del covid-19 y justificar la gestión de su Gobierno.

El lehendakari dijo ayer, textualmente, que en la CAV han enfermado menos personas que en el global del Estado español. Según los datos del Ministerio de Sanidad –que cuenta menos casos que el recuento de Lakua–, en la CAV ha dado positivo por coronavirus el 8,4% de la población. En el Estado ha sido el 7,4%. Dijo que han muerto menos personas, cuando los fallecidos por 100.000 habitantes han sido 189, mientras en el Estado la media es de 165. Urkullu tampoco afinó al afirmar que se ponen «todas las vacunas que reciben» y que por eso llevan más de 740.000 dosis administradas. Esa cifra es cierta, pero no son, ni mucho menos, todas las dosis que han llegado, sino el 84,7% de las casi 900.000 recibidas. Es la comunidad que menor porcentaje de vacunas ha puesto en relación con las recibidas.

Urkullu tiene todo el derecho a defender su actuación. Lo que no puede es hacerlo en base a mentiras tan obvias y fácilmente refutables. Falta al respeto al Parlamento y a la ciudadanía, denota una grave ausencia de argumentos y adultera el debate público. Claro que un gobierno no podrá sostener datos falsos siempre y cuando los mecanismos de control de una democracia funcionen. Eso implica al resto de fuerzas políticas, a la sociedad civil –con las comunidades científica y sanitaria a la cabeza–, y a los medios de comunicación. Esta semana en la que tanto se han reivindicado los valores del periodismo, hay que demandar rigor y honestidad. A los medios se les suponen, y los gobiernos deberían ser ejemplares en este ámbito.