La reunión de los ministros de Energía y Medio Ambiente del G20 no consiguió alcanzar un acuerdo sobre objetivos para avanzar en la descarbonización de la economía. No ofrecieron muchos detalles sobre los puntos de fricción, pero tampoco resulta tan extraño si se consideran las grandes diferencias que existen entre los países que participan en este foro. Por ejemplo, México dejó claro que acelerará la reducción de las emisiones cuando la economía se recupere de la pandemia, en lo que parece un aplazamiento sine die de cualquier compromiso concreto.

En cuanto a los instrumentos para avanzar en la lucha contra la emergencia climática dos cuestiones sobresalen. Por un lado, la posibilidad de imponer un precio único al carbono, algo que se antoja extremadamente complicado, porque un precio igual para todos puede suponer una pesada carga para algunos países con muchas emisiones y poca capacidad de compra, mientras que para los países poderosos que pueden pagar casi cualquier cantidad, no supone una limitación sustancial ni tampoco un incentivo para reducir las emisiones. Se sigue planteando la descarbonización sobre la base de utilizar estímulos mercantiles que solamente sirve para reproducir las actuales relaciones de poder económico. El mercado afianza el statu quo.

Por otro lado, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Argentina, Juan Cabandié, propuso una idea que sí daría a los países que más han sufrido el despojo, colonial primero y neoliberal después, un importante aliciente para la reducción de emisiones: canjear la deuda externa por acciones climáticas concretas auditadas por Naciones Unidas. De este modo, casi 80 países en crisis por la deuda podrían invertir los recursos que deberían utilizarse para la amortización de sus obligaciones financieras en acciones medioambientales concretas que, además, tendrían un impacto económico positivo. Por desgracia, estas soluciones no interesan a los poderosos.