El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha resuelto plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre la Ley de Instituciones Locales, concretamente allí donde establece que el euskara será «lengua de servicio y lengua de trabajo de uso normal y general» en las actividades de los ayuntamientos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

De este modo, será el Tribunal Constitucional el que decida si la ley aprobada en la CAV se enmarca en los preceptos establecidos en la Constitución española. El origen del procedimiento contra esta ley está en la interposición de un recurso contencioso-administrativo presentado por Vox en enero de 2020 contra un decreto autonómico sobre la normalización del uso institucional de las lenguas en los ayuntamientos. Posteriormente, en julio, este partido reclamó que se plantease cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley de Instituciones Locales, aprobada en 2016.

A juicio de Vox, la ley de la CAV es inconstitucional porque considera que existe «una discriminación al castellano». La Fiscalía no se opone a que se plantee la cuestión de inconstitucionalidad.

En el auto hecho público ayer, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV arguye diciendo que «si bien resultan admisibles medidas correctoras tendentes a evitar la inicial postergación de una lengua respecto de la otra», no es jurídicamente admisible «imponer el uso estatutario preferente de la lengua cooficial en detrimento del castellano» ni «la imposición del uso exclusivo de la lengua autonómica en el ámbito de la Administración Local en razón de la determinación sociolingüística del municipio».

También considera, basándose en una sentencia previa del Constitucional referida a Catalunya, que «tampoco es constitucionalmente admisible la exclusión total del castellano en el campo de la actividad administrativa de fomento mediante la imposición del uso exclusivo de la lengua autonómica».

UEMA: «Muy preocupante»

UEMA, la Mancomunidad de Municipios Euskaldunes, calificó de «muy preocupante» la presentación de la cuestión de inconstitucionalidad, ya que considera que vuelve a cuestionarse la «ejemplar labor» de los ayuntamientos que han optado por la normalización del euskara en la Administración pública.

Junto a ello, destacó que la ley ahora cuestionada supuso un hito en la labor de los municipios euskaldunes, ya que les otorgó un paraguas jurídico. Así lo recalcó el presidente de UEMA, Iraitz Lazkano, que recordó que antes de aprobarse esta norma los integrantes de la Mancomunidad tuvieron que enfrentarse a numerosas denuncias por redactar actas en euskara o introducir cláusulas lingüísticas en las contrataciones.

«El euskara es una lengua minorizada y es injusto que se pongan trabas a su normalización», añadió Lazkano, quien lamentó que los tribunales irrumpan en la política lingüística «una vez más para obstaculizar la normalización del euskara». Junto a ello, mostró su apoyo al Gobierno de Lakua para trabajar en defensa de esta ley.

Lakua evita «polemizar»

Por su parte, el portavoz del Ejecutivo de Gasteiz, Bingen Zupiria, rechazó «polemizar con la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco». «Lo que nos gustaría es que la resolución que adopte el Constitucional permita que los ciudadanos vascos puedan desarrollar su vida con normalidad en euskera y castellano», manifestó.