El comité de Tubacex acusó ayer al Ejecutivo autonómico de «claudicar» ante las presiones de la dirección de la empresa, cuya propuesta para desbloquear el conflicto laboral ha rechazado la representación de los trabajadores.

Tras varias reuniones entre el departamento que dirige Idoia Mendia, el comité y la dirección de Tubacex, la consejería planteó el pasado lunes una propuesta de «síntesis» para que fuera analizada posteriormente por ambas partes.

El comité informó ayer de que, tras la reunión celebrada entre las tres partes, se «han encontrado» con que el Gobierno que preside Iñigo Urkullu «ha modificado la propuesta que realizó en la reunión del pasado lunes introduciendo la posibilidad de que haya despidos forzosos y ajustes económicos relativos a 2021, periodo que no estaba contemplado en la propuesta inicial».

«Entendemos que con ello ha claudicado a las presiones de la empresa y nos lleva a la no aceptación de la propuesta», concluye la breve nota de la representación de los trabajadores.

Antes de esta última ronda de encuentros a tres bandas, el comité había solicitado a la dirección, para poder llegar a un acuerdo sobre el ERTE previsto hasta final del presente año, que no recurriese ante el Tribunal Supremo español –como ha anunciado la empresa– la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que declaró nulos los despidos de 129 trabajadores y obligó a la empresa a readmitirlos.

Los trabajadores también habían exigido para poner fin a la huelga que se produzca por parte de la dirección un compromiso real de mantenimiento del empleo hasta 2024.

La parte empresarial ha advertido de que solo renunciará a presentar ese recurso si previamente la representación de los trabajadores acepta firmar una «solución global» que dé «viabilidad futura» a las plantas de Araba, lo que supondría aceptar el centenar de despidos.

Pulso empresarial

La dirección de Tubacex ya anunció al comité de empresa de las plantas en Laudio y Amurrio el pasado 13 de julio su decisión de no readmitir en sus puestos a los 129 despedidos que fueron incluidos en el ERE.

Con esta decisión, la empresa, al igual que hizo PCB, filial de ITP, tras otro fallo del TSJPV que también declaró nulos sus despidos, optó por abonar los sueldos de los despedidos pero manteniéndolos en sus casas sin reincorporarlos.

Las sentencias del TSJPV declaraban nulos los despedidos porque las pérdidas del grupo no son estructurales, sino que están motivadas por la crisis económica vinculada a la pandemia y la caída de la actividad.