Después de que la Audiencia Provincial de Bizkaia declarara pertinentes las pruebas presentadas por la acusación popular, ejercida por EH Bildu, el juicio por las obras falsas de Alonsotegi previsto para el 4 de noviembre de 2021 arrancará finalmente mañana martes.

El pasado mes de septiembre, la Audiencia Provincial declaró pertinentes las pruebas propuestas por el grupo municipal de EH Bildu de Alonsotegi contra el exalcalde José Luis Erezuma y otros cinco acusados por los delitos de prevaricación, falsedad en documento oficial y fraude a las administraciones públicas. La acusación popular solicitaba un total de 48 años de prisión por estos delitos. En el escrito de calificación provisional presentado a principios de ese mes se demandaban penas de 8 años de prisión, 15 años de inhabilitación absoluta y multas de 10.800 euros para el citado Erezuma, así como para el aparejador Juan Torrontegi; la entonces arquitecta municipal Marta Novo; el arquitecto Alberto Zulueta; y los administradores de la empresa Laneder Construcciones, Francisco Javier Bediaga y Eduardo Ibarra. Se da la circunstancia de que Torrontegi, de 75 años, falleció el pasado 18 de noviembre.

Fruto de la labor de investigación de la acusación popular, han quedado al descubierto una serie de irregularidades llevadas a cabo entre los años 2003 y 2015 bajo los mandatos de Gabino Martínez de Arenaza, Aitor Santisteban y el propio Erezuma, todos ellos del PNV. Mientras este último está imputado en el caso de las obras falsas, acusado entre otros delitos de prevaricación, los dos primeros tienen un proceso abierto por malversación.

La llegada de la coalición soberanista al Ayuntamiento en las elecciones municipales de 2011 puso fin a un periodo de «falta de fiscalización» en el ente municipal, ocasionado por la ilegalización de la candidatura de la izquierda abertzale, Herria Mugi, en 2003. Con la vuelta a la institución en 2011 y a la vista de «la paupérrima situación de las arcas locales», los concejales abertzales se propusieron «la fiscalización de la actividad municipal en ese periodo», lo que derivó en la imputación de los tres alcaldes mencionados y, como consecuencia, también en la declaración como testigo en el juicio de este martes de Juan Mari Aburto, que entonces ejercía como diputado de Presidencia de la Diputación Foral de Bizkaia.

A través de una orden foral fechada el 1 de marzo de 2012, Aburto rubricó la resolución que concedió una subvención de 600.000 euros al Consistorio de Alonsotegi para acometer unas obras de reparación en diferentes infraestructuras locales, supuestamente dañadas por las intensas lluvias que tuvieron lugar entre los días 4 y 6 de noviembre de 2011.

Muro de Elkartegi

Una de las infraestructuras falsamente afectadas por las lluvias de 2011 fue el muro de Elkartegi, financiado por la Diputación para llevar a cabo unas obras que nunca precisó. Cinco años antes, en 2006 y bajo el mandato de Martínez de Arenaza, este muro ya fue reparado por la empresa Pavisa, del Grupo Campezo.

La sociedad pública Alonsotegi Eraikiz efectuó el pago de los 165.107,45 euros de las obras en dos plazos, abonados el 12 de diciembre de 2006 y el 2 de julio de 2007, tal como confirmó la empresa en 2015 a petición del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP). Sin embargo, previamente el Ayuntamiento ya había abonado la cantidad total de las obras, concretamente el 8 de noviembre de 2006.

Así, en mayo de 2015, el TVCP solicitó a la empresa Pavisa la información de los pagos realizados en 2006, constatando el doble pago de la factura −una vez a través de Alonsotegi Eraikiz y otra por medio del Ayuntamiento−, por lo que Campezo tuvo que reintegrar a la institución municipal la cantidad de 238.798,52 euros, desglosada en los 165.107,45 euros de la obra más 73.691,07 euros en intereses. El documento finaliza solicitando que este reembolso no suponga «un prejuicio del derecho de cobro de las cantidades que por otros conceptos ese Ayuntamiento tiene reconocidas y pendiente de abono» a Campezo.

Papel de Alberto Zulueta

Alonsotegi Eraikiz fue constituida en 2003, también con el jeltzale Martínez de Arenaza como primer edil, y designó como vocal a Alberto Zulueta en su primer Consejo de Administración. A pesar de este cargo, durante los años siguientes Alonsotegi Eraikiz giró diversos encargos profesionales a sociedades del propio Zulueta, como Arkideiak o Iztau. Uno de ellos fue esa supuestamente falsa reparación del muro de Elkartegi, alegando que había sido dañado con las lluvias de noviembre de 2011.

«De esta manera, se iniciaba una irregular relación extracontractual entre este Arquitecto y diferentes mandatarios municipales, todos del mismo partido, que fue dejando un rastro de llamativas ilegalidades durante tres legislaturas diferentes», explica el escrito de acusación provisional presentado por el grupo municipal de EH Bildu. De hecho, fueron los concejales independentistas quienes, ante la sospecha de que pudiera tratarse de una contratación irregular, solicitaron en 2014 un informe respecto al nexo contractual de Zulueta.

En ese informe, la secretaria-interventora confirma las sospechas de los denunciantes y explica que «dada la duración de la prestación de los servicios de arquitectura que se vienen desarrollando hasta la actualidad, (...) se concluye que el procedimiento adecuado para la contratación debería haber sido un procedimiento abierto (concurso público) o, en todo caso, un procedimiento negociado con publicidad con publicación de anuncios».

«Temas vinculados al Partido»

Otra de las pruebas documentales que aporta la acusación popular para «contextualizar las anormales actuaciones» vividas en el Ayuntamiento de Alonsotegi es un correo electrónico del letrado Guillermo Ibarrondo a Aitor Santisteban, también exalcalde alonsotegiarra, en el que el primero detalla el proceso para alterar la fecha de un acuerdo de Alonsotegi Eraikiz.

Ibarrondo explica en este correo que entiende como «absolutamente imprescindible» intervenir en el concurso de la Inmobiliaria Basaldi, e informa de que «muchas de las cuestiones que afectan a Alonsotegi Eraikiz pueden ventilarse en el mismo, pero sin ser nosotros protagonistas, sino ejerciendo una labor de control contra un tercero». Incluso propone nombrar como representante en el concurso a Javier Santamaría, «un Auditor de nuestra confianza y con el que habitualmente trabajamos en temas vinculados al Partido», añadiendo que es «un hombre sumamente serio y responsable, trabajará con ahínco en el asunto y hará las cosas bien».

Tanto Santisteban como la abogada y consejera de Alonsotegi Eraikiz, Iratxe Larringan, firmaron el escrito de aceptación y se lo devolvieron a Ibarrondo. El exalcade jeltzale entre 2007 y 2011 también está imputado en un caso aparte acusado de malversación.

Falsas obras

Estas presuntas actividades ilícitas se mantuvieron más allá de 2011 y de la llegada de EH Bildu al Consistorio. Supuestamente, los imputados aprovecharon las fuertes lluvias de los días 4 y 6 de noviembre de 2011 para solicitar una ayuda de la Diputación, valorada en 600.000 euros y rubricada por Juan Mari Aburto, por daños en diversas infraestructuras locales que no se produjeron.

Así lo confirma un informe de 2017, solicitado por el grupo de EH Bildu y redactado por la arquitecta municipal, Naia Irastorza. En base a este informe, el actual alcalde de Alonsotegi, Joseba Urbieta, reconoció que «no es posible certificar la fecha en la que se han realizado las fotografías obrantes en los expedientes» y que «no consta en los expedientes de las mencionadas obras autorización de la Diputación Foral de Bizkaia».

Además, según Irastorza, el tiempo «utilizado» para la realización de esas obras fue de 14 días naturales –del 16 al 30 de marzo de 2012–, un tiempo que la acusación popular considera insuficiente para llevar a cabo las reparaciones de las tres obras tramitadas: el muro de contención del ambulatorio, el sótano de la Casa Consistorial y, de nuevo, el muro de Elkartegi reparado cinco años antes. Tampoco consta en ningún expediente el calendario de ejecución pormenorizado.

Las facturas de las supuestamente inexistentes reparaciones fueron emitidas por Francisco Javier Bediaga y Eduardo Ibarra, cuya empresa Laneder recibió del Ayuntamiento de vizcaino 618.115,02 euros, de los que 600.000 provenían de la subvención de la Diputación Foral. Con esta operación el Consistorio pretendía saldar deudas anteriores con Laneder, declarada en concurso necesario por auto de 26 de marzo de 2013; por auto de 14 de junio de 2013 se acordó la apertura de la fase de liquidación.

«Labor de cortafuegos»

Respecto al papel de Erezuma, la acusación cree que «hizo labor de cortafuegos para impedir que la investigación pudiera evidenciar la participación de más personas en los hechos» y, por eso mismo, al contrario de lo que reza el artículo 14 de los Estatutos Nacionales del PNV, el exalcalde ha continuado ejerciendo la representación pública del partido posteriormente, como demuestra su papel de apoderado en las elecciones municipales de 2019.

El mencionado artículo deja claro que «excepcionalmente, el Euzkadi Buru Batzar podrá acordar la suspensión cautelar de la afiliación de una persona afiliada investigada en fase de instrucción por un hecho delictivo con evidente daño a la imagen del EAJ-PNV, previa audiencia preceptiva del afiliado. La suspensión cautelar será automática si se dicta auto de apertura de juicio oral y se trata de un hecho delictivo relacionado con la corrupción». Una situación que no se ha dado en el caso de Erezuma y que saldrá a colación en la vista oral a petición de la acusación popular.

En definitiva, todo apunta a que durante ocho años en el Ayuntamiento de Alonsotegi se vivió en una burbuja de impunidad que llevó a tres de sus alcaldes a ejecutar reiteradamente unas prácticas que han acabado con todos ellos en los banquillos. Una burbuja que acabó explotando con el regreso al Consistorio del soberanismo de izquierdas con EH Bildu, que ha llevado ante los tribunales el que podría ser uno de los casos de corrupción local más importante de los últimos tiempos en Euskal Herria.