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El PCCh anuncia nuevas reformas para dar un papel «decisivo» a los mercados

El plenario del PCCH concluyó con el objetivo de dar más pasos en la reforma económica, asignando a los mercados un mayor papel (de básico a decisivo en el léxico oficial), aunque siempre en coordinación con el Gobierno y con la primacía del sector público y el Partido.

El Partido Comunista Chino (PCCh) concluyó ayer los trabajos del tercer plenario de su Comité Central con un compromiso para otorgar a los mercados un «papel decisivo» en el marco de una «profundización general de las reformas».

La agencia oficial hizo público el comunicado final tras cuatro días de cónclave secreto en un modesto hotel de Pekín, que ha reunido a los 376 miembros del Comité Central del PCCH, incluidos los 25 del Politburó y los siete que conforman el Comité Permanente o núcleo del poder en el gigante chino.

El tercer plenario, reunido un año despues del XVIII Congreso y tras el que los dos primeros designaron consecutivamente a los nuevos dirigentes del Partido y del Estado, aprobó por unanimidad un informe presentado por el secretario general y presidente chino, Xi Jinping.

Siguiendo la tradición, el tercer plenario marca tradicionalmente la impronta de los grandes cambios y reformas. Y Pekín ha alimentado esta vez grandes expectativas anunciando «reformas históricas».

Léxico y ambigüedad

No obstante, el documento final aparece redactado con una buena dosis de la también tradicional ambigüedad. El anunciado impulso gubernamental para otorgar a los mercados «un papel decisivo en la asignación de recursos» remite, a simple vista, a una cuestión de léxico si recordamos que el tercer plenario de la era de Jiang Zemin, en 1993, ya asignó un «papel básico» a los mercados. No en vano instauró la llamado «economía de mercado socialista».

El léxico tiene sin embargo una importancia capital en la cultura política china y habrá que estar atentos al desarrollo y a las implicaciones de este anuncio. Por de pronto, el PCCH promete que «el Gobierno afinará su papel» en su relación con los mercados y aboga por una competencia ordenada.

Eso sí, el sector público seguirá siendo dominante, aunque se estimulará el desarrollo del sector privado. «Los sectores de la economía controlados por el Estado y los no controlados por el Estado son ambos componentes importantes de la economía socialista de mercado y bases significativas para el desarrollo económico y social», señala el comunicado final.

Sobre esas premisas, en espera de medidas concretas y si hacemos caso a una filtración del diario «China Daily», el país abrirá la puerta inversiones privadas, permitiéndoles una participación de hasta el 10-15% en las grandes empresas públicas.

Sectores estratégicos como el ferroviario, las finanzas, las telecomunicaciones, la energía y el transporte aéreo están bajo control del Estado a través de esas grandes empresas públicas.

El PCCH anunció la puesta en marcha de un «grupo dirigente central» para la profundización de las reformas, que se encargará de su «concepción global», coordinación y supervisión.

Anuncios genéricos en el ámbito social y rural

El comunicado final no hace referencia explícita a la propiedad de la tierra y el sistema de asignación de residencia (houkou), lo que despacha con el compromiso genérico de «promover la reforma de las tierras agrícolas para dar más derechos a los campesinos» sobre las tierras que cultivan.

El modelo chino mantiene la propiedad de la tierra en manos del Estado pero la reparte en usufructo atendiendo al número de miembros de cada familia. El houkou es un sistema por el que los chinos están asignados a su tierra de origen, por lo que los cientos de millones de emigrantes a las ciudades no se benefician de los sistemas sanitarios, de educación y de otro tipo en sus urbes de destino. El PCCh se limita a prometer «un acceso equitativo para todos a los servicios públicos de base». Sí que se anuncian cambios en la relación entre los administrados y el poder. Pekín ya no tendrá en cuenta para la evaluación de los cuadros locales el número de quejas contra ellos. Desde hace siglos, los chinos pueden denunciar los abusos de las autoridades a través de un «derecho de petición». Muchos responsables locales retienen a peticionarios en «cárceles negras» para evitar que lleguen a Pekín. GARA