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El Supremo turco confirma la primera cadena perpetua por torturas a un activista

El Tribunal Supremo de Turquía ha confirmado una sentencia de cadena perpetua para tres acusados de torturar hasta la muerte a un activista, en lo que constituye un hito histórico en la lucha contra la impunidad del Estado. Según informó el diario turco «Radikal».

La sentencia no solo castiga a dos guardas de la cárcel que golpearon a un detenido hasta infligirle heridas mortales, sino también al subdirector de la prisión, por no haberlo evitado.

Es la primera vez que Turquía impone la perpetua por delitos relacionados con la tortura en las fuerzas de seguridad.

Ya en octubre de 2012, cuando un tribunal acordó la sentencia ahora confirmada por el Supremo, la organización Amnistía Internacional definió el caso como «histórico», por lo excepcionar de una condena de este tipo en Turquía. «Es poco frecuente que Turquía siente en el banquillo a funcionarios por haber cometido actos de tortura u otros tipos de maltrato», señaló esta organización. La víctima, Engin Çeber, fue detenido en octubre de 2008 tras haber participado en una manifestación contra la violencia policial y murió diez días más tarde a causa de las heridas infligidas en la prisión Metris de Estambul. La causa de su muerte fue confirmada por un informe forense y reconocida por el Ministerio de Justicia, que pidió disculpas pocos días después. Junto a las tres cadenas perpetuas, el Supremo también ha confirmado varias sentencias menores a otros guardas implicados.

Condena de Estrasburgo

Pero a la vez que se hacía pública esta sentencia, el Estado turco recibía la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por ordenar el bombardeo aéreo de dos pueblos kurdos en 1994, causando la muerte de 33 personas, entre ellas mujeres y niños.

En una decisión no definitiva -el gobierno turco tiene tres meses para recurrirla- los jueces europeos critican «el carácter muy insuficiente de la investigación» llevada a cabo sobre esta masacre, y les pide «proceder a nuevas investigaciones» para «poner fin a la impunidad» de los responsables.

Acordaron además una indemnización de más de 2,3 millones de euros a los familiares de las víctimas que apelaron al tribunal en 2006.

Los hechos sucedieron el 26 de marzo de 1994. El Ejército turco bombardeó los pueblos de Kuskonar y Koçagili por rechazar colaborar con las fuerzas de seguridad en contra del PKK.