En las bibliotecas de la denominada «zona vascófona» de Nafarroa no hay ningún bibliotecario al que se le haya exigido conocimiento de euskara para acceder al puesto. De los 131 profesionales de centros de salud que trabajan en esa misma «zona vascófona» tan solo 31 tienen acreditado el perfil lingüístico. El problema es que es el mínimo, por lo que no se garantiza que puedan atender en euskara. De los 16 trabajadores de centros de atención a la mujer en esa misma «zona vascófona» solo uno tiene el perfil lingüístico.

Estos son algunos de los datos que los representantes de UEMA Jon Abril y Eneka Maiz expusieron ayer ante las comisiones de Cultura y Salud del Parlamento navarro. El resultado es que los ciudadanos euskaldunes de Nafarroa no pueden ser atendidos en su propia lengua por el médico, el enfermero o la matrona. Tampoco pueden pedir en euskara un libro.

Abril y Maiz subrayaron que esta situación de discriminación se produce a pesar de que la Ley del Vascuence reconoce, entre otros, el derecho a quienes viven en la llamada «zona vascófona» a relacionarse en euskara con la Administración. Lamentaron que 27 años después de ser aprobada esta ley, los derechos que reconoce siguen sin ser aplicados en la práctica.

Oídos sordos del Gobierno

Los representantes de UEMA destacaron que han intentado reunirse con el Gobierno de Nafarroa para exponerles esta situación, pero que no ha sido posible mantener una reunión. «Cuando no nos reciben, están cerrando la puerta a electos navarros que representan a la ciudadanía», recordaron. El Ayuntamiento de Bera trató de hablar con el Gobierno navarro para solucionar el hecho de que la plaza de bibliotecario no exigía euskara. Fue inútil y se vio obligado a recurrir a los tribunales, que le dieron la razón y han anulado todo el proceso, teniendo que volver a repetirse.

Pese a esta cerrazón, UEMA mostró su disposición a colaborar con el Gobierno navarro para solucionar esta situación.

Las portavoces de Bildu y Aralar-NaBai, Bakartxo Ruiz y Nekane Pérez, calificaron de vergonzoso que, pese a todas sus carencias, no se cumplan los derechos que reconoce la Ley del Vascuence desde hace 27 años y que sea precisamente el Gobierno navarro el que impida que se den pasos hacia la normalización del euskara. Pérez llegó a decir que el objetivo del Ejecutivo de UPN es acabar con el euskara de manera sistemática y planificada. Ruiz, por su parte, destacó que cuando se impiden derechos es cuando se politiza el euskara, no cuando se defiende.

«Un servicio sanitario de calidad es que el pediatra de Leitza sea euskaldun cuando la mayoría de los niños lo son», añadió Ruiz haciendo frente a los planteamientos de que hay que primar la profesionalidad de la atención frente a los derechos lingüísticos, una postura defendido por Francisco Javier Lorente (UPN), Samuel Caro (PSN) y Enrique Martín (PP).

Lorente añadió que el Gobierno de UPN hace todo lo posible para cumplir los derechos reconocidos por la Ley del Vascuence, pero que los recursos en el ámbito de la sanidad son limitados y negó que el médico de urgencia de Irurtzun no pueda atender en euskara sea motivo de escándalo. «Lo importante es atender la urgencia», concluyó.

Los portavoces de I-E en las dos comisiones, Txema Mauleón y Marisa de Simón, valoraron positivamente la existencia de perfiles lingüísticos que permitan una atención bilingüe, pero alertaron de que la exigencia del conocimiento del euskara como requisito en todos los municipios puede provocar problemas, al impedir la igualdad de acceso al trabajo público.

Amaya Zarranz, portavoz del PP en Cultura, dijo que «lo lógico es que en un ambiente en el que se piden libros en euskera el bibliotecario sepa euskera», que, a su juicio, no es lo mismo que ser euskaldun, según puntualizó posteriormente en Twitter.