PSOE, Izquierda Plural, PNV, Coalición Canaria y Compromis presentaron ayer en el Congreso español una proposición no de ley que pide la creación de una Comisión de la Verdad sobre los crimenes y desapariciones del franquismo, tal y como recomendó la semana pasada la ONU, y reclama que se fije un plazo de dos años para localizar y abrir todas las fosas comunes del Estado.

Representantes de estas formaciones, así como de colectivos de víctimas, comparecieron ayer frente al Congreso español para dar cuenta de la iniciativa. Todos ellos se mostraron muy críticos con la posición del actual Gobierno de Mariano Rajoy, en quien no ven esperanzas de que pueda acatar los mandatos de la ONU. En nombre de los familiares de las víctimas, Julián Rebollo denunció la existencia aún de más de 150.000 desaparecidos y 2.500 fosas comunes en las que están enterrados miles de ciudadanos.

El mandato

Cabe recordar que la semana pasada, la ONU instó al Ejecutivo español a poner medidas de cara a garantizar tanto la investigación de los casos de desaparecidos como para el desarrollo de una Comisión de la Verdad y la desactivación de las trabas legales (como la Ley de Amnistía) a las que se aferra el Gobierno español. Una posición que no parece que encuentre eco en Madrid ya que, apenas unos días después, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, declaró que no tiene intención de modificar esta normativa.

En Euskal Herria, por su parte, los miembros de la querella argentina contra el franquismo (que el próximo 29 de noviembre se desplazarán a Buenos Aires) celebraron un acto en la UPV en el que tomaron parte Ana Mesutti y Carlos Slepoy, los abogados que representan a las víctimas, así como personas relacionadas con el Derecho como Ramón Zallo, Pedro Ibarra o Garbiñe Biurrun.