El secretario de Paz y Convivencia de Lakua, Jonan Fernández, presentó ayer la versión definitiva del Plan de Paz del Ejecutivo, que incorpora un buen número de aportaciones presentadas por los grupos parlamentarios y diversos organismos sociales, entre ellas un preámbulo donde se incluye el «suelo ético» fijado en la pasada legislatura y que solo hace mención al final «ordenado» de ETA. En términos generales, en la redacción se aprecia un juego de equilibrios que busca contentar a todos los implicados, algo imposible, entre otras cosas porque su autor también tiene una posición marcada sobre este asunto.

El proyecto tiene las trazas de un cajón de sastre en el que cabe de todo: criterios genéricos, en ocasiones simples pronunciamientos moralistas, junto a propuestas concretas; cuestiones urgentes al lado de otras que no lo son tanto, y asuntos que son directamente competencia del Gobierno autonómico y solo dependen de su voluntad, junto a otros en los que es muy dudoso que pueda o vaya a hacer algo. 86 páginas dan para mucho, dan para ver la botella medio vacía o medio llena en función de si se aprecia o no voluntad política, de modo que hoy es difícil concluir si servirá para algo.

En esta tesitura, es mejor fijarse en los hechos que en la literalidad del plan. Y hay algunas cosas que han quedado en evidencia estos días. Por ejemplo, la ofensiva de todos los partidos contra Sortu, intentando recrear una imagen falsa y alejando la posibilidad de acuerdos de cualquier calado, y también la negativa a investigar en sede parlamentaria la muerte de Iñigo Cabacas, precisamente cuando hay un punto del documento que habla del «compromiso de la Ertzaintza con la reconciliación». Por tanto, más allá de la existencia de un Plan de Paz, la posibilidad de avanzar en ese objetivo dependerá de la actitud de las fuerzas políticas, y llegados a este punto, cabe preguntarse si los políticos vascos van a ser capaces de situarse al mismo nivel que la sociedad o van a seguir a rebufo de sus intereses.