Si se le pregunta a un ciudadano para qué sirve una comisión de investigación en un Parlamento, si es discreto y educado probablemente dirá que no lo sabe y si es sincero seguramente afirmará que cree que para nada. Si se le pregunta a un analista o a un periodista bregado en mil sesiones, si es profesional es muy probable que diga que en su experiencia más bien para poco y si es honesto directamente dirá que para nada. Si se le pregunta a un político dirá algo así como que las comisiones de investigación son «instrumentos cruciales para que los representantes políticos y las instituciones legítimas puedan ejercer su labor de fiscalización sobre temas de interés público». Dentro de su costumbre de adornarse, añadirá que dichos órganos «tienen un plan de trabajo en el que las partes y diferentes expertos aportarán una visión propia que se sumará a las conclusiones que se recogerán en un informe». A modo de corolario, matizará que, «si bien no es legalmente vinculante, el resultado de una comisión resulta muy relevante para la ciudadanía porque expone las responsabilidades políticas y ofrece una versión crítica de los hechos analizados». Si se viene arriba, por así decirlo, recitará solemnemente algo sobre la transparencia y la salud democrática.

La conclusión lógica para el ciudadano medio, alguien como al que hipotéticamente se le ha sondeado al principio, es que, tanto si no sirven para poco como si son cruciales para la salud democrática, aunque en realidad sean simplemente interesantes pero poco efectivas, hay que tener poderosas razones para oponerse a una comisión sobre un tema de interés público como, por ejemplo, la muerte de un joven por un pelotazo lanzado por la Policía en las celebraciones de un partido de fútbol. Más aun si las primeras versiones oficiales ofrecidas por las autoridades contradecían claramente los hechos y las informaciones que para aquel momento los responsables ya debían conocer. Más aun si es la propia familia de la víctima quien lo ha pedido. Más aun si todos los grupos parlamentarios le dijeron a los padres del joven muerto que sí, que harían todo lo que estuviese en sus manos para esclarecer los hechos y las posibles responsabilidades políticas. Más aun si es evidente que el caso ha generado una gran polémica en un sector de la población, siendo ese sector no un partido político, sino gran parte de la afición del equipo de fútbol del que aquel joven era seguidor. Es decir, negarse a poner en marcha esa comisión va contra una gran parte de la opinión pública en la que se incluyen miles de votantes de todos los partidos representados en esa cámara ¿Cuáles pueden ser, entonces, las razones para que el jueves PSE, PNV, PP y UPyD hiciesen frente común en el Parlamento de Gasteiz para vetar la comisión de investigación en torno a la muerte de Iñigo Cabacas?

Es difícil de saber, pero todas las razones que se pueden inferir son nefastas y, teniendo el cuenta el trato que ha recibido la familia Cabacas, crueles. En el caso del PSE es evidente que no quiere saber nada de una responsabilidad que señala directamente a Rodolfo Ares y su equipo en Interior. PP y UPyD son dos versiones especulares de «partidos de orden» que, por definición y más aun en Euskal Herria, van a proteger la versión policiaca, en este y en todo tema. Pero, ¿y el PNV? Desde la oposición utilizó el caso como arma arrojadiza contra Patxi López, pero pronto atemperó su mensaje y, una vez de nuevo al mando, ha apretado filas en torno al Cuerpo, primero apuntalando la versión del «accidente» y ahora vetando la comisión. Como mínimo, un error político y ético. Difícil, muy difícil de comprender, no solo para la familia.

Lo que si se puede afirmar sin género de duda es que las razones que adujeron varios grupos para vetar la investigación son falsas. Al no ser legalmente vinculantes las comisiones, por definición -y así lo recoge el reglamento-, no afectan a los procesos judiciales en curso, ni siquiera a causas juzgadas. En este, y en otros muchos casos, existen responsabilidades penales que se deben juzgar en los tribunales y responsabilidades políticas, y son precisamente este tipo de comisiones las encargadas de dirimir estas últimas. Si, conocidos los hechos, todos esos grupos piensan que en el caso Cabacas no hay responsabilidad política alguna, que lo digan abiertamente, por favor. También quien piensa que no se conforma la comisión para no soliviantar a los ertzainas, pero es difícil pensar que estos valoren positivamente que mientras ellos son juzgados sus responsables se vayan «de rositas». El colmo de la obscenidad es acusar al grupo que ha promovido la comisión, EH Bildu, de intentar patrimonializar el caso y deslegitimar a la Policía. Que esta acusación la haga el PSE, a cargo de la Ertzaintza cuando ocurrieron los hechos, es despreciable. Si algo desprestigia a la Ertzaintza es, primero, provocar muertes por una brutalidad inaceptable asociada a prejuicios ideológicos y, segundo, el pacto de silencio y la impunidad con la que ha ocurrido. De todo esto debería tratar esa comisión.

Lo de patrimonializar el sufrimiento merece un análisis aparte. La semana en la que se han conmemorado las muertes de, por un lado, Santi Brouard y Josu Muguruza y, por otro, de Joseba Goikoetxea, víctimas de diferentes signos han demostrado que la manera de que no se patrimonialice su sufrimiento es hacerlo propio, asumir las propias responsabilidades y actuar con empatía, sin ánimo vengativo y en clave constructiva. Aun sin compartir todo lo que cada víctima reivindica legítimamente. Han dado una lección. Sería fantástico que todos los grupos hiciesen ese ejercicio con la muerte de Iñigo Cabacas desde ya. Pero no lo han hecho, se han retratado.

De lo ocurrido esta semana también se puede concluir que no solo son falsas las palabras que varios medios y políticos han achacado al presidente de Sortu, Hasier Arraiz, sino sobre todo son falsas aquellas palabras que no van acompañadas de hechos coherentes.