Juanjo BASTERRA BILBO

Nueve colectivos sociales denuncian recortes en los presupuestos de 2014

A las puertas de Sabin Etxea, sede del PNV, en Bilbo nueve colectivos sociales de Bizkaia denunciaron los recortes y la insuficiente dotación económica de las partidas del presupuesto de 2014 para ayudas sociales.

Colectivos sociales de Bizkaia como Argilan, Asamblea Abierta en Defensa de las Prestaciones Sociales, Berri-Otxoak, Danok Lan, Elkartzen, Mujeres del Mundo, Posada de los Abrazos, R.B.U. Taldea (Renta Básica Universal) y SOS Racismo rechazaron ayer a las puertas de Sabin Etxea (sede del PNV) en Bilbo el anteproyecto de presupuestos del Gobierno de Gasteiz para 2014. Afectados por la crisis económica y los recortes sociales se sentaron en los retretes con cisternas para representar que «el paro y los recortes sociales son una mierda».

Miguel Angel Miguel, portavoz de los colectivos, explicó que las cuentas económicas del Gobierno de Urkullu imponen «una insuficiente dotación económica para las Ayudas de Emergencia Social (AES)». Recordó que, como figura en el proyecto, se pasa de una dotación de 17 a 20 millones, «pero este año esa partida se ha agotado en junio, por lo que en el próximo se alargará hasta julio, pero seguirá siendo insuficiente».

Más familias sin recursos

Tampoco están de acuerdo con las prestaciones sociales con que se ha dotado a Lanbide, tanto en la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) como la Complementaria de Viviendas, de pensiones y de trabajo, «porque, ante el aumento de solicitudes por la crisis económica, no se amplían los recursos económicos, lo que conllevará nuevos recortes por parte del Gobierno Vasco».

Como remarcó Miguel Angel Miguel esa realidad «que describimos provocará dejar a más familias sin cobertura social» y añadió que el Gobierno del PNV «mantiene el recorte de un 7% sobre las cuantías de las prestaciones, que introdujo el anterior Gobierno de Patxi López (PSE)».

También denunció «la campaña de criminalización sobre las personas perceptoras de las ayudas sociales», porque, «como reconoce el Ejecutivo de Gasteiz, de las 11.050 suspensiones que Lanbide realizó entre 2012 y 2013, nueve de cada diez familias vuelve a cobrar la ayuda al aportar la documentación que acredita su situación en exclusión social».

Destacó que en época de crisis la tasa de riesgo de pobreza creció un 21,15% y que la renta de un 34,7% de las personas de la CAV no supera el umbral de la pobreza. Criticó «el recorte drástico del Gobierno Urkullu cuando más se necesitan las ayudas».