La implacable represión lanzada por las autoridades egipcias surgidas del golpe de Estado del 3 de julio ha provocado ya un millar de muertos y miles de detenciones entre las filas de los Hermanos Musulmanes. Pero ahora, la decisión del Gobierno, tras un atentado reivindicado por yihadistas sin conexión con los Hermanos Musulmanes, de convertir a la Cofradía en «organización terrorista» rompe cualquier posibilidad de diálogo y amenaza con alejar a su militancia de la práctica institucional y de la estrategia de su dirección.

El poder comenzó ayer sin demora a aplicar esta decisión. La Fiscalía ordenó prisión provisonal para 18 de sus miembros y otros 16 fueron detenidos -la víspera fueron 65 los arrestados- por posesión de propaganda e «incitación a la violencia».

Hasta la pena de muerte

Además, ha prohibido cualquier actividad de la organización, incluidas manifestaciones y el periódico del movimiento, «Libertad y Justicia», así como el partido político del mismo nombre que ha ganado todas las elecciones democráticas en el país. La posesión de propaganda de los Hermanos Musulmanes pude castigarse con hasta cinco años de prisión; si se trata de un dirigente, incluso cadena perpetua y si se lideran manifestaciones, hasta la pena de muerte. Junto al endurecimiento de las penas, se han creado seis nuevas cortes penales para agilizar los procesos por «terrorismo».

En principio, el movimiento islamista creado en 1928 no va a cambiar su línea de actuación, según Omar Ashur, especialista en Oriente Medio de la Universidad de Exeter. «Desde finales de los años 60 la Cofradía proclama que tomar las armas no es legítimo ni útil», explica, pero teme que decapitar a la dirección lleve algunos de sus miembros a actuar de otra forma.

Para François Burgat, especialista en movimientos islamistas, «no se puede descartar la idea de que al menos una parte de las víctimas de la represión opte por la contraviolencia y se sume a los yihadistas», como sucedió tras la represión de los años 40 o bajo el Gobierno de Nasser. Añade que «la decisión gubernamental constitye, de hecho, un espectacular apoyo a los que se desmarcan de la opción legalista de los Hermanos Musulmanes».

Entre ellos, Ansar Beit al-Maqdess, movimiento yihadista que actúa en el Sinaí y que asumió el martes el atentado que causó 15 muertos y que sirvió de excusa al poder para declarar «organización terrorista» a la Hermandad. El general Abdel Fatah al-Sissi, que lleva en realidad las riendas del poder, confirmó la política represiva asegurando ayer, en una ceremonia militar, que «el Ejército se sacrificará por Egipto y los egipcios, y al que os toque lo eliminaremos».