La red en defensa de la tierra Lurra ha advertido de la posibilidad de que el Gobierno español justifique la reapertura «de la peligrosa e innecesaria» central nuclear de Garoña aprovechando el debate social originado sobre el incremento del precio de la electricidad.

En una comparecencia de prensa en Gasteiz, el portavoz de Lurra, Alberto Frías, denunció el viernes que el Gobierno español «no hace más que aprobar reales decretos para facilitar esta posibilidad», ya que ha establecido protocolos específicos para la central de Garoña, como son dejar en manos de Iberdrola y Endesa su reapertura o ampliar de 40 a 60 años la vida de las nucleares.

«En la práctica deja la decisión de la reapertura en manos de Nuclenor, que dispondría hasta julio de 2014 para solicitar una nueva prórroga», añadió. Frías recordó que Garoña cerró en diciembre de 2012 para no pagar la gestión de sus propios residuos, debido a que la nueva legislación sobre fiscalidad medioambiental que le obligaba a ello entraba en vigor en enero de 2013.

El portavoz de Lurra también criticó que el Gobierno español convirtió lo que parecía que iba a ser el cierre definitivo de la central de Garoña en provisional y advirtió de que, si esta central se reabre, «será más peligrosa que nunca y será pagada con el bolsillo del contribuyente para seguir abonando tarifas desorbitantes en la siguiente subasta eléctrica».

Por otro lado, subrayó que la subida del precio de la electricidad es un contrasentido, ya que la demanda de energía de la población ha descendido en los últimos años y, por tanto, los precios deberían haber bajado. Según las explicaciones que ofreció, el sistema eléctrico del Estado español tiene actualmente instalada una potencia de 102.000 megavatios, cuando la energía demandada nunca ha excedido de los 44.000, por lo que la subida del 2,3% del precio para el próximo trimestre es «totalmente inasumible».

Recapitalización bursátil

Alberto Frías calificó de escarnio que las empresas eléctricas se consideren las víctimas de las reformas del Gobierno español «cuando en 2013 han incrementado su valor bursátil de una manera sorprendente».

Junto a ello, el portavoz de Lurra indicó que «la nueva legislación sobre fiscalidad medioambiental, en lo relativo al impuesto que grava la producción de residuos nucleares y combustible nuclear gastado, plantea que el periodo impositivo comience el 1 de enero de 2013, otra medida ad hoc que solo afectaría a Garoña y la dejaría exenta del impuesto, porque descargó todo el combustible objeto del gravamen el 28 de diciembre de 2012, ahorrándole 150 millones de euros; más o menos, la cantidad que se planteaba para afrontar algunas medidas de seguridad impuestas por el CSN y las pruebas de esfuerzo derivadas del accidente de Fukushima».