El fiscal anticorrupción de Illes Balears, Pedro Horrach, acusó ayer al juez instructor del «caso Nóos», José Castro, de apoyarse en una «teoría conspiratoria» para «justificar la existencia de indicios delictivos que avalen la imputación de Cristina de Borbón, hija menos del rey español, vertiendo sobre los funcionarios de Hacienda «imputaciones relativas al encubrimiento de intereses espurios».

Horrach sostiene que el juez ha construido su «tesis inculpatoria» sobre los informes de la Agencia Tributaria que descartan que la infanta haya cometido delitos fiscales, cuya fiabilidad cuestiona Castro, por lo que considera «imprescindible» que, con carácter previo a la declaración de Cristina de Borbón, fijada para el 8 de febrero, los inspectores de Hacienda declaren en calidad de peritos para despejar las «dudas» que el instructor tiene sobre «la apariencia delictiva de las conductas de naturaleza tributaria atribuidas» a la infanta.

Las imputaciones del fiscal al juez Castro fueron criticadas por Jueces para la Democracia (JpD) y la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitorias, que estiman fuera de lugar hablar de «teoría conspiratoria» y piden respeto para el instructor. JpD considera que, si no está de acuerdo con el juez, «lo que tendría que haber hecho la Fiscalía es recurrir el auto de imputación».

Izquierda Plural emplazó a Horrach a recusar al juez si considera que existe una «teoría conspiratoria» y si no lo hace le instó a «callarse» porque «no es un tertuliano más».

UPyD tachó de «lamentable» el escrito del fiscal, al que acusó de actuar «estúpidamente» y de estar «haciendo daño» al Estado y a la monarquía.

Consejos desde Europa

El Grupo Anticorrupción del Consejo de Europa (Greco) emitió ayer un informe en el que aconseja al Estado español hacer «esfuerzos adicionales para garantizar mejor» la imparcialidad de la Fiscalía, y entre otras cosas pide «reconsiderar el método de selección (actualmente, nombramiento directo) y el periodo de mandato» del fiscal general del Estado.

El informe sostiene que pueden tomarse más medidas para «garantizar mejor que la labor de la Fiscalía es y aparenta ser imparcial, objetiva y libre de cualquier influencia o interferencia de cualquier fuente externa, así como para mejorar su autonomía funcional».

El Consejo de Europa da al Estado español de plazo hasta el 30 de junio de 2015 para presentar un informe en el que detalle qué medidas ha tomado para avanzar en sus recomendaciones.