Reabrir Garoña antes de tres años sería ilegal. Así lo determina la instrucción IS-22, aprobada por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el 1 de julio de 2009. Un texto normativo sobre la operación a largo plazo de centrales nucleares que establece que «el período mínimo con el que debe presentarse la documentación relativa al Plan Integrado de Evaluación y Gestión del Envejecimiento (PIEGE) -obligatorio en el caso de la planta energética burgalesa- debe ser de tres años antes de la fecha en la que se debe proceder a renovar la autorización de explotación».

En una rueda de prensa ofrecida ayer en Gasteiz, el coportavoz de Equo, Juan López Uralde, que presentó una copia de dicha instrucción, recordó que la reapertura de una central está regulado por ley. «La reapertura de una central nuclear no puede ser en ningún caso un hecho inmediato realizado por decreto, como pretende el Gobierno», señaló. Por ello, advirtió de que volver a abrir Garoña mediante decreto, además de ser ilegal, marcaría un peligroso antecedente en el Estado español.

A este respecto, Uralde destacó que el objetivo del Ejecutivo de Mariano Rajoy es alargar la vida de las centrales hasta los 60 años. Y para ello «trata de saltarse una normativa que tiene como objetivo fundamental garantizar la seguridad de una hipotética entrada en funcionamiento de una central vieja». «Pretender la apertura por decreto no es acorde con la regulación actual y, por eso, llevaremos la cuestión al Congreso», añadió.

Cierre irreversible

Cabe recordar que el día 15 de enero PNV, EH Bildu, PSE y EB reiteraron en las Juntas Generales de Araba su posición favorable al cierre irreversible de Garoña. También instaron al Ejecutivo español a iniciar su desmantelamiento. Asimismo, la coalición soberanista solicitó la comparecencia del alcalde de Gasteiz, Javier Maroto, compañero de partido de Mariano Rajoy.