El catedrático del Departamento de Derecho de la Empresa de la Facultad de Derecho de la UPV-EHU, Alberto Emparanza, advirtió ayer de que una eventual sentencia tras el juicio celebrado esta semana por las aportaciones financieras subordinadas de Eroski que anulase contratos de este producto suscritos por BBVA supondría la devolución del dinero que invirtieron sus titulares, pero también de los intereses percibidos.

Mañana lunes, el magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbo, Marcos Bermúdez, dará a conocer la sentencia tras el primer juicio por una demanda colectiva en relación a las aportaciones subordinadas de Eroski, interpuesta por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) en defensa de 68 consumidores.

En este caso, la Fiscalía pidió condenar a BBVA a devolver las cantidades a los inversores y declarar nulos los contratos de esos productos por contener cláusulas abusivas y defendió absolver a Eroski.

En declaraciones a Efe, el catedrático sostiene que la hipótesis de que los contratos de las aportaciones subordinadas fuesen anulados supone retrotraerse al «momento inicial».

A su juicio, las consecuencias de que el juez pudiera estimar la demanda y anular los contratos conllevarían «la devolución por parte del BBVA de las inversiones realizadas, pero también la devolución por parte de los inversores de los intereses que han recibido en este tiempo».

El experto considera que una acción colectiva «es un instrumento muy útil para la defensa de los consumidores y usuarios», aunque advierte de que «puede tener ciertas dificultades de aplicación» porque los demandantes alegan «error en el consentimiento», ya que afirman que contrataron esos productos sin que se les informase de los peligros que entrañaban y no sabían técnicamente las consecuencias del contrato. Explicó que «para que se pueda acreditar el error en el consentimiento tiene que hacerse un análisis de cada caso y ésa creo que es la cuestión un tanto delicada en este asunto, porque no es lo mismo la cultura financiera que puede tener cada cliente» o «la información que cada director de sucursal haya podido dar», indicó.

«Parece -agregó- que el tribunal está enjuiciando a todos bajo un mismo parámetro y eso puede ser un tanto discutible para concretar si se da error en el consentimiento en todos los casos».

En cualquier caso, cree que se ha hecho «una mala praxis bancaria» en los últimos 5 años fundamentalmente, consistente en «vender productos complejos financieramente hablando a personas que no están capacitadas para entenderlos».