Es realmente difícil empatizar con aquello que se desconoce o, directamente, se ignora. En principio, todo ciudadano vasco sabe de la existencia de la dispersión, sea porque la sufre -una minoría-, la rechaza -una mayoría-, la asume -otra clase de mayoría- o la apoya -otra clase de minoría-. Pero a menudo la dispersión no es más que una palabra, un concepto más que se utiliza como arma arrojadiza en el tradicional rifirrafe político vasco. La dispersión no es humana en un sentido moral y político, pero sobre todo no es humana porque se suele despersonalizar, se suele entender de modo abstracto, como si no fuese algo que afecta a personas concretas, tanto a presos como a familiares. Por eso, en los debates sobre esta cuestión, a sus defensores les molesta tanto que se pongan sobre la mesa las consecuencias reales, directas y humanas que dicha política criminal conlleva. Porque es indefendible.

Hasta que pasa lo que pasa. A escasos meses de cumplir íntegramente una escandalosa condena que demuestra mucho más claramente que cualquier otro hecho, que cualquier imputación de una princesa, que en el Estado español no todo el mundo es igual ante la ley, Arkaitz Bellon, un ciudadano vasco de 36 años que ha pasado los últimos doce en prisión por unos actos de sabotaje, muere en su celda de Puerto, a mil kilómetros de su casa. Y las excusas se muestran como lo que son: excusas. El monopolio del sufrimiento se desvanece de repente, el relato de la superioridad moral se desmorona y ante la falta de liderazgo y de respuestas cabales por parte de quienes han legitimado la violación de derechos humanos en nombre del Estado de Derecho, las certezas que sostenían un discurso falsamente hegemónico en la opinión pública se vienen abajo, dejando en la orfandad dialéctica y política a miles de ciudadanos que vivían tranquilamente mirando para otro lado, actuando como si «dispersión» solo fuese una palabra más. No hay condenas, comparecencias urgentes, acompañamiento a los familiares, exigencia alguna. Los representantes políticos, tan dados al exceso de interpretación en otras situaciones, callan a la espera de que amaine. Pero es imposible, desgraciadamente, es estadísticamente imposible. Y a estas alturas, deberían saberlo.

Decían que no había conflicto, que aquí no había dos partes en liza, y mentían. Defendían que un sufrimiento era legítimo y el otro no, que ellos eran los buenos y los moralmente puros, y mentían. Sostenían que la situación de los presos no les incumbía, que solucionar las consecuencias del conflicto no era urgente, y mentían. Lo triste es que ha tenido que morir un preso para que el espejo se gire y les muestre su parcialidad, su falta de empatía con el dolor ajeno, su cinismo. A ellos y a cada vez más personas. Su posición oficial cada vez representa a menos gente, también entre quienes les han dado su voto. Dados como son al cálculo, deberían meter este elemento en su ecuación.

Acabar con la dispersión es una necesidad urgente no solo para los presos y sus familiares, sino para esta sociedad. Incluso, si quieren tener alguna influencia y control del proceso en marcha, es urgente para el PNV y para PSE y PSN. La muerte de Arkaitz Bellon debe ser la última y terminar con esa política es la primera condición para ello. Además, los presos darán pasos que harán aún más insostenible la defensa de esa política.

Hay otra vertiente de este caso que puede resultar periférica cuando semejante tragedia está aun latente, pero transmite un problema político profundo y es necesario empezar a solucionarlo cuanto antes. Arkaitz Bellon era un ciudadano vasco y ha muerto en una cárcel. Aun eliminando de la ecuación las motivaciones políticas de su encarcelamiento, la desproporción absoluta del castigo, los repetidos episodios de agresiones, su juventud, la distancia de las prisiones en las que ha estado recluido durante estos años, la no aplicación de la ley para retenerlo o incluso el drama de que fuese a ser liberado en breve, en ningún caso Bellon deja de ser un ciudadano vasco que ha muerto en prisión.

No es aceptable que haya ciudadanos de 2ª

Vistas las reacciones o, mejor dicho, la falta de ellas, ni la mayor parte de las instituciones vascas ni los partidos políticos parecen capaces de entender este punto, de actuar en consecuencia. No han tratado a Bellon y a su familia ni siquiera como a simples ciudadanos vascos que han padecido una tragedia. Aunque ninguno de los condicionantes políticos mencionados se diese, el Gobierno de Iñigo Urkullu debería reaccionar ante una situación así. De igual modo, el Partido Socialista debería expresar algún tipo de sentir y lanzar una reflexión sobre unos hechos como estos. Y no lo han hecho ahora, pero sí lo han hecho en otros casos, lo cual muestra una visión de esta sociedad que sigue dividiendo a la gente en buenos y malos, en ciudadanos de primera y de segunda. Por ejemplo, todas esas instituciones se han implicado en casos tan controvertidos como los de Paco Larrañaga o Pablo Ibar, ambos con raíces vascas y acusados de graves crímenes en países extranjeros. Es decir, lo determinante para no reaccionar ante un hecho así no es la gravedad de los hechos que se imputan a esos ciudadanos, sino simple y llanamente su postura política. Ese es, al parecer, su pecado. No es aceptable que se actúe así, que los poderes públicos actúen así. La segregación política es parte nuclear del conflicto vasco y los representantes políticos deberían desterrar esas concepciones antidemocráticas y, en casos como este, infamemente crueles.