La consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, defendió ayer la necesidad de un «ajuste» de las Fuerzas de Seguridad del Estado a las competencias que tiene atribuidas en el Estatuto y los acuerdos posteriores de la Junta de Seguridad, y también «a la situación actual, buscando una eficacia desde el punto de vista operativo y económico»

Una vez más, la consejera demandó una reunión de la Junta de Seguridad para tratar sobre estos asuntos. Preguntada en Radio Euskadi por sus relaciones con el Ministerio del Interior, señaló que que más allá de mantener una relación personal «más o menos afable» con Jorge Fernández Díaz, sí que echa en falta que ambos se sienten en una mesa y hablen de «temas comunes».

Informe de duplicidades

El «Informe sobre Análisis y Funcionamiento Institucional en la Comunidad Autónoma de Euskadi», recientemente aprobado por el Ejecutivo de Lakua, dedica un apartado importante a analizar las «ineficacias» que provoca que las FSE no se hayan adaptado ni al despliegue de la Ertzaintza, reduciendo sus contingentes, ni tampoco a la nueva realidad abierta con el cese definitivo de la actividad armada de ETA de octubre de 2011. .

A tenor de los datos del informe, a 31 de enero de 2012 había en la CAV -según el Ministerio- 3.060 guardias civiles y 1.520 agentes de la Policía. Esto suma 4.580 miembros de las FSE. Lakua sostiene que «atendiendo a que estatutariamente le corresponden a la Ertzaintza la práctica totalidad de las funciones ordinarias del ejercicio policial, se trata de una situación que desafía cualesquiera ratios razonables de número de policías cada 1.000 habitantes».

Denuncia el informe del Gobierno de Lakua que este exceso de miembros de las FSE, sin nada que hacer según el reparto de competencias, «tiene una derivada en la práctica distorsionante y que afecta al conjunto del sistema de seguridad pública», porque los cuerpos policiales tienden a justificar su presencia realizando actuaciones de control y vigilancia que no deberían.

El Ejecutivo autonómico pone como ejemplo «controles en carreteras no justificables atendiendo a los presupuestos habilitantes previstos en la ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana». El Departamento de Seguridad ha detectado «un excesivo número de controles realizados por el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil», y ha denunciado públicamente en ocasiones las incomodidades y molestias que estas actuaciones generan en la ciudadanía.

El informe gubernamental detalla también otras prácticas de las FSE que se inmiscuyen en tareas que son competencia de la Ertzaintza.

Situaciones de riesgo

El Gobierno de Lakua también denuncia que son numerosas las actuaciones de las FSE en la CAV que no son comunicadas a la Ertzaintza, un proceder que se mantiene «de manera sistemática y con voluntad de no informar». De esta forma, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía se evitan dar explicaciones sobre a quién corresponden la competencia de esa intervención, pero suponen un peligro.

El informe de Lakua detalla que «se ha dado el caso, en varias ocasiones, de que se han recibido llamadas telefónicas de ciudadanos indicando la presencia de personas esgrimiendo sus armas, provocando situaciones que requieren la inmediata intervención de la Ertzaintza y que al ser agentes de otros cuerpos policiales los que intervienen en actuaciones no comunicadas se han podido sufrir consecuencias impredecibles y dramáticas».

El Gobierno, en su informe, no ha hecho una evaluación económica de las duplicidades, pero el Departamento de Seguridad maneja la cifra de unos 500 millones de euros de coste del mantenimiento en la CAV del contingente de las FSE que debiera haber sido replegado.