Pese a la conmoción evidente entre los parlamentarios navarros por las inesperadas revelaciones de la exdirectora de Hacienda, Idoia Nieves, es probable que este nuevo escándalo haya sorprendido más bien poco a la ciudadanía, que en las últimas décadas ha visto a cinco presidentes envueltos en litigios por corrupción. Si acaso, la putrefacción se ha acelerado -quizás síntoma de que el régimen entra en fase terminal- con la misteriosa evaporación de la CAN, el escándalo de las inmorales dietas o la lista de megainfraestructuras sospechosas (TAV, Itoitz-Canal, circuito de Los Arcos, Navarra Arena...)

Aun si se diera alguna credibilidad al desmentido de la vicepresidenta navarra, Lourdes Goicoechea -no juega precisamente en favor de Nieves el hecho de que no denunciara estas presiones en su momento-, ello solo dibujaría el mismo impresentable escenario de fondo: una Nafarroa convertida en cortijo por una casta política y económica con votos pero sin ética, que explota el estatus de la autonomía uniprovincial para sus intereses privados. Una elite muy reducida -un estudio universitario la cifró en apenas 90 personas- pero que tiene en sus manos todos los resortes del poder. Desde ese poder se estigmatiza a la oposición política -con iniciativas como aquella inenarrable resolución parlamentaria en contra de que alguna formación abertzale gobierne-, se excluye a sindicatos críticos -expulsados de órganos de decisión y control-, se criminaliza a parte de la sociedad -ikurriña, modelo D-...

Es el caldo de cultivo que permite luego que se impongan esos intereses privados, que reine la rapiña. Nafarroa está secuestrada por una jerarquía indigna y por un estatus diseñado a su conveniencia (¿fue antes el huevo o la gallina?), que paradójicamente se empeña en esquilmar. El reto común es tan básico como lograr que en Nafarroa el interés público se imponga al privado; y tan democrático como que la ciudadanía decida libremente, el Gobierno y también el estatus.