Un grupo de ciudadanos instaron la pasada semana a los vecinos y vecinas de Gasteiz a no permanecer de brazos cruzados ante los casos de corrupción que afloran en la ciudad. «Hacemos un llamamiento a activarse, a aportar datos e informaciones para atajar esta lacra tan extendida en las instituciones públicas», destacaron tras citar las irregularidades advertidas por la comisión de investigación creada para estudiar el contrato de alquiler de los locales en la calle San Antonio. Un céntrico inmueble, arrendado al empresario Gonzalo Antón, por el que el Ayuntamiento ha llegado a pagar 600.000 euros anuales.

En un comunicado, el citado grupo, del que forman parte Imanol Olabarria y Javi Aguillo, destacó que el alquiler de los locales, firmado poco antes de finalizar el segundo mandato de Alfonso Alonso, no se efectuó a través de concurso. Como explicaron, «el Consistorio se apartó del procedimiento ordinario y acudió a la adjudicación directa, sin motivar suficientemente la especial idoneidad del bien, tal como han puesto de manifiesto los servicios técnicos del propio Ayuntamiento».

A esto se sumó una actualización del precio «escandalosa» y un «blindaje de contrato insólito». «Un suma y sigue de despropósitos que acompañan a un caso en el que se despilfarra el dinero público que a través de impuestos nos ha sido recaudado, dedicándolo a lucrar intereses privados muy concretos», subrayaron los impulsores de la iniciativa, que exigen la creación de instrumentos de control directo y de participación social para evitar nuevos casos de corrupción en el futuro.

Alonso y Maroto

La polémica suscitada por el coste de los locales ha obligado al alcalde, Javier Maroto, a comparecer en tres ocasiones ante la comisión de investigación. Durante su última intervención, el pasado día 6, el primer edil de Gasteiz, concejal delegado del área de Hacienda cuando se firmó el contrato de alquiler, negó cualquier responsabilidad en el el mismo y culpó a los técnicos municipales. Además, remarcó que él no estaba al tanto de todos los asuntos que despachaba Alonso durante su etapa al frente del Gobierno local.

Cabe señalar que, según informaron medios locales, los representantes de PNV, PSE y EH Bildu han dado un ultimátum al actual portavoz del PP en el Congreso español, quien deberá dar cuenta por escrito de su implicación en la firma del contrato. El límite dado por la oposición expira mañana.