Araiz denuncia el intento de comisar las herrikos por «intereses políticos»
Las acusaciones no han podido acreditar ni la financiación de ETA a través de las «herriko tabernak» ni que las sociedades culturales formasen parte de una estructura dirigida por HB, más allá de una coincidencia ideológica que no puede ser castigada. Las defensas denunciaron los «intereses políticos» existentes tras la petición de comisar estos bienes y denunciaron el papel de los policías que construyeron la acusación para luego dotarle un barniz pericial.
«No solo ha fracasado la instrucción sino también el juicio oral. ¿Cómo se puede venir a un procedimiento penal y terminar en los informes sin demostrar la vinculación con un delito?» Con esta pregunta, el abogado Kepa Landa planteaba el fondo de la cuestión de la segunda parte del macrojuicio contra Batasuna: el fiscal no ha podido demostrar que las herriko tabernak financiasen en modo alguno a ETA y ni siquiera ha acreditado que las sociedades fuesen propiedad de las coaliciones abertzales, más allá de la coincidencia ideológica de sus miembros.
A juicio del letrado, lo que se ha desmontado durante la vista ha sido la tesis policial desarrollada por unos agentes presentados como peritos pero a quienes negó toda «imparcialidad». «Hay un interés político en incautar un patrimonio», resumió, por su parte, Adolfo Araiz, quien se sumó a la reclamación de Landa para que la sala no acepte la incautación.
«Se han construido informes policiales y luego se les ha dado la forma pericial», denunció Landa, quien recordó que no se han establecido investigaciones idividualizadas y las tesis de los uniformados se adaptaron a las necesidades de la instrucción iniciada por Baltasar Garzón en el año 2002. En este sentido, recordó las características de la causa cuando la inició el entonces juez estrella, que pretendió abrir un proceso general contra Batasuna y, como ramificación, abrió la investigación sobre las herrikos.
Desde entonces, los autos y el escrito de acusación hablaban de «financiación de ETA-KAS». Después de que los propios peritos se viesen incapaces de acreditar una sola transacción económica, el fiscal tuvo que cambiar su versión para introducir el concepto de «autofinanciación oculta» que probaría una sumisión respecto a ETA. «¿Los proyectos Udaletxe eran una trama para financiar o no? Si era tan importante, ¿por qué no se ha investigado?», preguntó el togado.
«Nos quieren quitar los bienes y no nos han explicado cómo se han usado» para la comisión de un delito, planteó Araiz., quien insistió en que en el origen de las herrikos no está «ni ETA, ni KAS, ni el MLNV, sino miles de personas con su trabajo». En este sentido, Araiz denunció la «mala utilización» del método deductivo, partiendo de premisas falsas como la utilización de estos locales para actividades como «depósito de armas» o «captación» de ETA que no se acreditaron.
Joseba Belaustegi, representante de varios locales, recordó que ni siquiera la sala 61 del Tribunal Supremo, que decretó la ilegalización de Batasuna, quiso abordar la cuestión de las «herriko tabernak». Y resumió así esta parte del juicio: «El fiscal ha sido el mejor abogado defensor. No hay financiación de ETA. Pues ya está. Nos vamos».
Lecturas interesadas que ni la Sala 61 del TS dio por buenas
Las acusaciones se aferraron a dos documentos para defender que las «herriko tabernak» formaban parte de la estructura de HB y estaban «dirigidas» por esta. El primero, el libro del vigésimo aniversario de la coalición. El segundo, un documento titulado «Herrikos, un debate necesario». Ayer, sin embargo, las defensas dejaron claro que, incluso siguiendo estos indicios planteados por Fiscalía, AVT y Dignidad y Justicia, las tesis inculpatorias caen, ya que están construidas a partir de lecturas interesadas. La primera publicación, por ejemplo, ya fue descartada como prueba por la sala 61 del Tribunal Supremo, que decretó la ilegalización de Batasuna. Sobre la segunda, a Kepa Landa le bastó con leer varios pasajes del documento para constatar que frente a la versión de «dirección» existe una planteamiento de «coordinar», al tiempo que se reconoce que ni siquiera las diferentes asociaciones tienen las mismas características. «¿Por qué la Policía les ha ocultado este texto?», cuestionó el abogado. Otros representantes de locales incidieron en la dificultad de establecer una unidad entre todas las sociedades que se sientan en el banquillo recordando que incluso en las diferentes fases del proceso el número total de locales ha variado. «Nos ampara la presunción y el resto es trabajo que el Ministerio Fiscal no ha hecho», indicaron. A.P.
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