El diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, y el alcalde de Donostia, Juan Karlos Izagirre, comparecieron ayer ante los medios de comunicación para denunciar que se han incumplido las tres condiciones que se pusieron en el acuerdo político que permitió la creación de Kutxabank. Estos tres postulados eran: el mantenimiento de la Obra Social, el respeto al marco vasco de relaciones laborales para los trabajadores de las tres cajas y la no privatización del nuevo banco resultante de la fusión.

En base a esta situación, los dos cargos institucionales, que dejaron claro que comparecían como responsables de las dos entidades fundadoras de la Kutxa, anunciaron que los servicios jurídicos de la Diputación y el Ayuntamiento van a estudiar las posibilidades legales que hay para que Kutxabank mantenga su carácter público. También van a ponerse en contacto con el resto de ayuntamientos de Gipuzkoa para «consensuar una posición común de defensa de los intereses de la ciudadanía guipuzcoana». Y, además, van a solicitar una reunión con el presidente de Kutxa, Xabier Iturbe, para que aclare «cuáles son los planes que pretende llevar a cabo» y para «hacerle saber que las instituciones que presidimos no apoyan el proceso de privatización».

Situación «incomprensible»

Garitano e Izagirre recordaron que los compromisos en el proceso de fusión de las tres cajas fueron «adquiridos entre los partidos de Gipuzkoa, refrendados en la asamblea de Kutxa y trasladados a las instituciones y a la ciudadanía». Por este motivo, afirmaron que resulta «incomprensible y sorprendente la situación que estamos viviendo, puesto que no se ha cumplido ni uno solo de los compromisos adquiridos».

En relación a la Obra Social, lamentaron que se acordó mantenerla «e incluso aumentarla, y no solo no se ha cumplido, sino que ha habido movimientos para privatizarla como en el caso del Oncológico; por no hablar de los incumplimientos en los compromisos con Tabakalera, Inbiomed o el Kursaal».

Asimismo, criticaron que Kutxa ha desoído a las instituciones cuando le han exigido detener los desahucios y la apli- cación de las cláusulas IRPH, así como en la petición de que abriera el flujo de crédito a las empresas guipuzcoanas.

Denunciaron también que los trabajadores de las cajas no han tenido opción de acogerse al marco vasco de relaciones laborales y que la entidad «camina hacia la privatización».