EDITORIALA
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Un avance dentro de una Ley injusta

Las familias navarras que desean que sus hijos e hijas reciban su educación en la ancestral lengua del herrialde no pueden materializar ese deseo en la red pública si residen en una zona determinada, la «no vascófona», denominada así por una ley que divide el territorio de la Nafarroa peninsular en tres partes. Una división aparentemente absurda pero con una finalidad política evidente, como han ido confirmando los constantes ataques al euskara y su normalización en todos los ámbitos y al margen, para ello sí, de zonificaciones. La propuesta de modificación de la Ley del Vascuence registrada ayer en el Parlamento de Nafarroa permitirá que el acceso al modelo D en la red pública se extienda también a la zona «no vascófona». No se puede negar la importancia de ese cambio, especialmente para las familias que hasta ahora veían poco menos que proscrita la posibilidad de educar en euskara a sus hijos e hijas, o para quienes se veían obligados a trasladarlos decenas y decenas de kilómetros.

En ese sentido, la propuesta supone un innegable avance. Sin embargo, tampoco se debe obviar que dicha modificación solo afectará a la educación y no, por ejemplo, a la Administración y, por tanto, no supone ni siquiera una equiparación con la «zona mixta». Por otro lado, los ratios mínimos de demanda para acceder a la enseñanza en euskara quedan en manos del Gobierno navarro, lo que en muchos casos podría restar e incluso anular la efectividad del paso dado. Por tanto, Nafarroa seguirá dividida por una ley discriminatoria que, a pesar de este cambio a mejor, seguirá siendo injusta. Una injusticia que solo se corregirá con la oficialidad en todo el territorio y la eliminación de las zonas en que sus habitantes viven encasillados, como si fueran reservas.

Se trata de un derecho y, por tanto, debe ser reconocido en su integridad y para todos y todas, no parcialmente y en función de la zona donde la ciudadanía reside. Tanto en Bera como en Cortes, igual en Izaba que en Mendabia.