Cáritas Euskadi presentó ayer en Bilbo un informe detallado realizado por la Fundación FOESSA para todo el Estado español en el que destaca el dato de que el 45,3% de los habitantes de la CAV se encuentran en situación de vulnerabilidad social, lo que se traduce en casi un millón de personas. Los datos son el reflejo de una encuesta realizada a 1.759 habitantes. En cuanto a Nafarroa, los datos disponibles pertenecen al informe estatal ya que Cáritas Nafarroa hará público el desglose dentro de poco, pero sirven para conocer la situación general.

Este informe trata de dar a conocer los datos de exclusión de la población y para ello se tienen en cuenta un total de 35 indicadores. «Cuando hablamos de pobreza está claro que hablamos de pobreza monetaria; según la Unión Europea el umbral de la pobreza está en el 60% de la renta media del país -8.114,2 euros para los hogares unifamiliares del Estado español-. Cuando hablamos de exclusión hay otros elementos. En dos hogares con los mismo ingresos, si en uno se producen malos tratos, el día a día no tiene nada que ver. Por eso hay que contemplar otra serie de problemáticas que tienen que ver con los derechos sociales, como salud, educación, protección social, vivienda... y con los relacionales. Si se concentran muchos problemas te apartan de la dinámica social», explicó a GARA el Coordinador del Equipo de Estudios de Cáritas Francisco Lorenzo.

En cuanto a la exclusión o aceptación de la población se establecen cuatro grados: Integración plena, integración precaria, exclusión moderada o exclusión severa. Cabe mencionar que hay colectivos mucho más vulnerables como son los hogares pobres, los que tienen alguna persona extranjera, los de tipo monoparental, en los que hay una situación de desempleo y en los que hay una persona con discapacidad. Cuando se dan uno o más de estos factores el riesgo de exclusión aumenta. A esto hay que sumarle que en los núcleos urbanos, sobre todo en barrios marginales, la exclusión es mayor y que las mujeres continúan en clara desventaja frente a los hombres. «A nivel general siempre ha sido mayor el riesgo de exclusión de la mujer a pesar de haber sido desde siempre una pieza fundamental de la familia y del estado de bienestar. En la crisis los datos de los hombres y mujeres se han igualado, pero no porque las mujeres hayan mejorado su situación sino porque la de los hombres ha empeorado. Hay ciertas dinámicas que siguen poniendo a la mujer en calidad de desventaja en el mercado laboral», indicó el experto.

«La CAV económicamente está bastante mejor que la media del Estado, lo cual no quiere decir que nos podamos olvidar de quienes están afectados por la exclusión. En el conflicto social o en el aislamiento social se obtienen puntuaciones un poco superiores a la media, lo que indica que hay un riesgo. La gente de la CAV no entraría en exclusión tanto por la pobreza como en otras comunidades, sino más por los derechos sociales y los derechos relacionales», explicó Lorenzo. Así, en la CAV el 16,6% de la población se encuentra en situación de exclusión mientras que el 38,1% está plenamente integrada y el 45,3 en integración precaria y, por lo tanto, en situación de vulnerabilidad social.

Mayor desigualdad

Sin embargo, los indicadores más fáciles de interpretar son los que se refieren al ámbito económico. De hecho, es significante el aumento de los hogares de la CAV (2007-2013) que tienen que recortar en gastos para poder llegar a fin de mes. Uno de los aspectos más importantes a los que afecta la exclusión es en la salud, aunque este no se refleje en el gráfico 3, puesto que dos de cada diez personas ha tenido que renunciar a seguir un determinado tratamiento para conservar el estado de salud, nueve han necesitado gafas pero no han podido comprarlas y trece han rechazado una dentadura por el mismo motivo.

«La crisis se ha generado por decisiones políticas, porque algunas instituciones se han beneficiado, pero los ciudadanos no hemos ofrecido resistencia. Nos hemos dejado llevar por un modelo económico que es muy sugerente. Eso tiene que ver con algo muy particular; dónde compramos o dónde ponemos nuestro dinero. Hay iniciativas favorables que cada vez son más notables como el comercio justo o la banca ética», comentó el coordinador del grupo de estudios de Cáritas.

La crisis económica ha fomentado la desigualdad entre los ingresos de las personas haciendo que las personas ricas sean aún más ricas y las pobres más pobres si cabe (gráfico 2). La CAV es una de las comunidades autónomas en las que el 10% más rico de la población no ha aumentado con la crisis y se ha mantenido, pero eso no significa que la desigualdad no sea mayor puesto que también hay que tener en cuenta que el 10% menos favorecido era en 2012 más pobre que en 2008. Lo mismo ocurre en Nafarroa, aunque el descenso de ingresos de los pobres sea menos acusado, mientras que los ricos también han visto minada su economía.

Más prestaciones desde 2008

En muchos casos, las rentas mínimas de inserción (RMI) de las comunidades autónomas constituyen el último recurso al que pueden recurrir aquellas personas que ya han agotado su relación con otras prestaciones o que carecen de acceso a ellas. Estas ayudas públicas ayudan a reducir la desigualdad entre las rentas de las personas de forma notable: en la CAV, tanto en 2008 como en 2012 las prestaciones ayudaban a reducir la desigualdad en un 5%, mientras que en Nafarroa, en 2008 las prestaciones ayudaban a reducir la igualdad en un 3,5% y en 2012 en un 5%, lo que supone una ligera mejoría.

Junto con el inicio de la crisis, en 2008, se dieron reformas en las RMI que permitieron que más personas pudieran acceder a ellas. Por un lado, algunas comunidades continuaron fortaleciendo el estatus de las RMI mientras que otras intentaron ajustar los programas al incremento de demandas por el aumento del desempleo y la pobreza. Nafarroa y la CAV se sitúan en el segundo grupo.

Estas ayudas han aumentado de forma continuada en el Estado español pero a ritmos distintos desde los años 80 (como puede verse en el gráfico 1). Sin embargo, la cobertura entre unas y otras comunidades es muy diferente. Se observa el número total de prestaciones en el Estado y cada franja muestra qué cantidad de ellas corresponden a cada comunidad. La franja más ancha es la de la CAV, que a pesar de tener casi cuatro veces menos habitantes que Andalucía duplica el número de prestaciones. FOESSA compara este nivel de desarrollo con el de países del centro o del norte de Europa. El número de prestaciones de Nafarroa, aunque a simple vista pueda parecer escaso en comparación con la CAV, alcanza o supera la tasa de hogares en situación de pobreza severa.

Como solución a estas desigualdades, Lorenzo cree que es importante poner en marcha políticas sociales que acompañen a las prestaciones económicas. «En mi opinión, elementos como la sanidad, la educación y la vivienda reducen en un 20% la desigualdad. Hay que entender que la vivienda no es un elemento de mercado, sino un derecho básico». Ligado a esto, según Cáritas, la adquisición de estudios más allá de los obligatorios triplica la posibilidad de tener un empleo y, por lo tanto, de dar un paso más hacia la integración plena.