El 23 de julio de 2011, cuando ETA mantenía una tregua «permanente, general y verificable» desde enero, el PP, en su ansia de acceder a la Moncloa, aseguraba en público que los comunicados de la organización armada eran «más de lo mismo». En privado, sin embargo, preparaba el terreno para un escenario sin actividad armada en Euskal Herria. Aquel día, en un acto celebrado en el hotel Villa de Bilbao, en Bilbo, el entonces parlamentario en Gasteiz y actual delegado del Gobierno español en la CAV, Carlos Urquijo, ya asumía en abierto que el número de escoltas iba a ser drásticamente reducido, señal inequívoca de la credibilidad que Madrid daba a los movimientos de ETA. En petit comité, además, Urquijo trataba de calmar los ánimos de quienes habían trabajado en la vigilancia de cargos públicos y advertían que la nueva situación les dejaba sin trabajo. Les prometió salidas laborales y diversas alternativas que pasaban, casi todas ellas, por un mayor protagonismo de las empresas de seguridad privada en ámbitos que, hasta el momento, habían estado en manos del Estado. Un proceso que se ha desarrollado esta legislatura y que, paradójicamente, ha terminado beneficiado a compañías que mantienen o han mantenido estrechos lazos con altos cargos del PP, lo que ha generado malestar. No se trata solo de los «escoltas despechados», que se quejan de que solo un 10% de sus compañeros han accedido a los puestos en prisiones que les prometieron. Iniciativas como la Ley de Seguridad Privada, aprobada este mismo año, dota de más competencias a los vigilantes privados en cualquier espacio y abre la vía a nuevos campos de negocio para un sector que crece pese al contexto económico y tras superar lo que en revistas especializadas se llega a calificar como la «crisis de los escoltas», en relación al período de retirada de personal de seguridad tras el cese de ETA.

La decisión de la organización armada, que meses después anunciaría el cese definitivo, marcó aquel encuentro mantenido en Bilbo. En él, según varios participantes, Urquijo no solo planteó la opción de privatizar la vigilancia exterior de las cárceles que luego sería materializada, entre 2013 y este mismo año, por el Gobierno del PP. También abrió la puerta a nuevas fórmulas, como incluir seguridad privada en las expulsiones de inmigrantes. Un planteamiento que todavía no se ha concretado. Este diario ha tratado, en diversas ocasiones, de recoger la versión de la Delegación del Gobierno español, que ha optado por no responder. Quienes sí hablan son los antiguos escoltas, que aseguran que los puestos privatizados han servido para el nepotismo (¿cuándo una cárcel fue lugar para las buenas prácticas del Estado?), así como para aumentar las ganancias de empresas como Ombuds, Seguriber, Securitas, Segur Iberica, Eulen, Prosetecnisa, Sabico, Garda, Vinsa, Prosegur o Coviar. Solo en la privatización de la vigilancia exterior de prisiones, estas compañías (que solas o en forma de UTE son las que han accedido a los lotes puestos a concurso) se han embolsado 33 millones de euros para este ejercicio y han colocado a 800 vigilantes. Un avance más para un sector que históricamente ha gozado de importantes vínculos con el PP.

Vínculos históricos y recientes

El caso de Eulen, una de las compañías beneficiarias de esta privatización, es simbólico. El exministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, tuvo participación en el grupo, tal y como quedó acreditado por el Juzgado de Primera Instancia de Gasteiz y la Audiencia de Araba, que desestimaron en 2002 una querella interpuesta contra el expresidente del PNV, Xabier Arzalluz, por denunciar, precisamente, que Oreja tenía intereses en la seguridad privada. Intermitentemente, tanto él como su hermano han prestado servicios a la compañía del bodeguero David Álvarez, con el que el exministro español del Interior mantiene una estrecha relación. Además, mantuvo lazos con Estudios y Experiencias S.L., empresa socia de Seguritec S.A. y de Protección y Custodia S.A.

No hay que irse a la prehistoria para encontrar estos lazos. De hecho, actuales miembros del Ejecutivo de Rajoy han ejercido puestos de responsabilidad en este tipo de empresas. Es el caso de Pedro Morenés, ministro de Defensa, que dirigió Segur Ibérica hasta 2011, cuando el inquilino de la Moncloa le llamó para asumir la cartera. No resulta difícil pensar qué intereses ha defendido cuando el gabinete ha debatido normas como la ley que regula (y amplía) el negocio del sector de la vigilancia privada.

El caso de Ombuds, que se quedó con los restos de los contratos de escolta del Gobierno de Lakua a partir de 2012, también tiene sus relaciones privilegiadas con el poder. Su consejero delegado y administrador único es Rodrigo Cortina López, sobrino de sobrino de José Luis Cortina Prieto, miembro del Cesid que fue vinculado al golpe de Estado de 1981 aunque posteriormente absuelto. La participación de Cortina-Prieto, que también se ha dedicado al ámbito de la asesoría militar privada, en la compañía de su sobrino no queda clara y hay fuentes que lo sitúan como uno de sus accionistas en la sombra. Entre sus consejeros también se encuentra Antonio Eraso Campuzano, amigo de Juan Carlos de Borbón y hermano de Eduardo Eraso Campuzano, uno de los 71 imputados en la trama Gürtel por, supuestamente, blanquear los fondos evadidos por la estructura organizada por Francisco Correa.

La lista es interminable. Ya en un ámbito vasco, el exconcejal del PP en Getxo entre 1997 y 2002 Luis Querejeta lleva en el mundo de las empresas de seguridad desde entonces. Hasta 2012 pasó por Prosetecnisa y Sabico, dos de las compañías también beneficiadas por la privatización.