La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, dio cuenta ayer de la aprobación por el Gobierno de Lakua de la Ley de Memoria Histórica y Democrática que, según explicó en rueda de prensa, tiene «un doble fin: por un lado, promover la memoria, el reconocimiento y la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista; y por otro, fomentar principios y valores éticos y democráticos».

Durante la presentación, la consejera expuso que el proyecto aprobado «mira al pasado, pero sobre todo mira al futuro de Euskadi. Un futuro con memoria, porque la verdad es la mejor garantía para la justicia y para la no repetición. Y la memoria, la verdad, la justicia y la no repetición son patrimonio democrático de todos y todas».

El proyecto de ley se fundamenta, según afirmó Beatriz Artolazabal, «en los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, así como en los valores democráticos de concordia, convivencia, pluralismo político, defensa de los derechos humanos, cultura de paz e igualdad de hombres y mujeres».

Por ello, incluye «una perspectiva de género» que promueve una «recuperación de la memoria histórica que permita obtener una visión completa y contextualizada; de forma que pone de relieve que hombres y mujeres son sometidos a diferentes formas de violencia en las mismas situaciones de conflicto y postconflicto».

El texto de la norma, según afirmó Beatriz Artolazabal, realiza un reconocimiento al movimiento asociativo de la CAV por su labor en la recuperación de la Memoria Histórica y Democrática de Euskadi y en la defensa de las víctimas. A su vez, establece la creación de una comisión asesora de Entidades de Memoria Histórica como órgano consultivo y de participación de las entidades memorialistas.

Régimen sancionador

El proyecto remitido al Parlamento incluye un régimen sancionador en el que se establecen infracciones muy graves, graves y leves y sus correspondientes sanciones, que según ha comunicado el Gobierno se traducen en multas que van desde los 10.000 hasta los 150.000 euros en el caso de las infracciones muy graves; de 2.000 hasta 10.000 euros para las infracciones graves y de 200 a 2.000 euros para las infracciones leves.

En el proyecto de ley se describen como infracciones muy graves, por ejemplo, «la destrucción de fosas de víctimas de la Guerra Civil, y la destrucción y ocultación de documentos relevantes para la investigación y conocimiento de la verdad».

Y entre las infracciones graves destacan las «manifestaciones que atenten contra las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura y los actos de conmemoración o exaltación del golpe militar de 1936 y la dictadura».

A la consejera se le preguntó en la rueda de prensa sobre si con arreglo a esta ley serían punibles declaraciones como las realizadas recientemente ante el silencio del presidente del PP, Pablo Casado, por el exministro de la UCD Ignacio Camuñas, quien aseguró que «si hay un responsable directo de la Guerra Civil es el Gobierno de la República», y añadió que «un golpe de Estado no es lo que ocurrió en 1936». Artolazabal no respondió al caso concreto, pero recordó las cuestiones generales que contempla la ley en esta materia, sin que finalmente quedara claro que declaraciones de ese tipo realizadas dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco pudieran ser punibles con arreglo a esta norma.

Finalmente, Beatriz Artolazabal hizo un llamamiento al «acuerdo y el consenso» al resto de grupos políticos de la oposición durante el trámite parlamentario para la aprobación de la ley, que no comenzará hasta finales de otoño. En ese sentido, reivindicó que «la memoria no puede ni debe ser instrumento de división y de confrontación; la memoria, la verdad y el reconocimiento a las víctimas son y han de ser patrimonio de todos y todas».