Tras conocerse el dictamen de la Abogacía europea, la Diputación de Bizkaia ha estimado «excesiva y desproporcionada» su propuesta de multa porque las ayudas han sido recuperadas en su totalidad. En un comunicado, la institución foral vizcaina ha recalcado que no comparte los criterios de la letrada y ha recordado que la decisión «vinculante» llegará cuando se dicte la sentencia.

Además, ha criticado que la abogada Eleanor Sharpston no haya tenido en cuenta la situación de «crisis e incertidumbre» económica para las empresas, tanto en el momento en que se concedieron los incentivos como en la actualidad. Ha resaltado también que en las conclusiones se fijan las cantidades a recuperar por cada herrialde y pide que en el caso de que la futura sentencia avale la multa «se tenga en cuenta» estas cifras.

Las cantidades a recuperar, y por las que se establece la propuesta de multa, suman un total de 322,3 millones de euros, de los que 212,4 millones (65,89%) corresponden a Araba; 68,7 millones (21,31%) a Bizkaia, y 41,2 millones (12,8%) a Gipuzkoa.

La Diputación de Gipuzkoa ha considerado que «infravalorar las conclusiones de la abogada general es un acto de irresponsabilidad», y ha recordado que «a pesar de que esas ayudas fueron declaradas ilegales en 2006, los y las reponsables políticas no hicieron caso a la Comisión Europea al no recuperar las ayudas. Cualquiera que sea la sanción, es evidente que las consecuencias de esta mala gestión deberán ser pagadas por la ciudadanía de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa».

El Gobierno que lidera Martin Garitano ha remarcado que «el argumento principal de la abogada» radica en que «las recuperaciones más importantes se demoraron más de cuatro años desde la sentencia», y ha defendido que «las instituciones deben tomarse en serio las normas dictadas por Europa a la hora de plantear cualquier política e iniciativa. En ese sentido, la Diputación Foral de Gipuzkoa considera que garantizar la seguridad jurídica a las empresas resulta un principio imprescindible para tener un territorio competitivo, para promover actuaciones económicas y para crear empleo».

Por su parte, el diputado general de Araba, Javier de Andrés (PP), ha puesto el acento en que la propuesta de 50 millones es sensiblemente inferior a los 64 millones que plantea la Comisión Europea. De este modo, ha considerado que Sharpston «en alguna medida, recoge parte de las demandas que hacíamos desde las diputaciones forales».

Lakua considera que lo importante es que no se cuestiona la fiscalidad propia

El portavoz del Gobierno de Lakua, Josu Erkoreka, ha considerado que la posible imposición de una multa por las vacaciones fiscales es «una cuestión menor» frente al hecho de que «el Tribunal de Luxemburgo en ningún momento ha puesto en cuestión la capacidad de las diputaciones forales para conformar su propia fiscalidad y definir una fiscalidad autónoma y distinta de las del Estado en todos aquellos ámbitos en los que disponen de capacidad normativa».

Erkoreka ha defendido que durante todo este proceso las diputaciones «actuaron con corrección, llevaron a cabo lo que tenían que hacer con rigor en defensa del interés general, pero también de los territorios históricos. Procedieron a la devolución de las ayudas, tal como requería el propio Tribunal, pero, en los puntos discrepantes, actuaron con arreglo a lo que creían que era procedente porque había algunos aspectos que eran ilegales en relación con las devoluciones».

«No está en juego la capacidad de los territorios históricos para fijar su propia fiscalidad, sino tan solo la pertinencia o no de una multa en relación con una hipotética no devolución de las ayudas que tenían que haber sido devueltas con arreglo a lo dictaminado por el propio Tribunal. Es una cuestión menor», ha concluido.