En medio de la pandemia y de los saltos que provoca una crispación política que no cesa, se cocina a fuego lento y con mucha discreción la ley más importante que suele tener todo Estado: los presupuestos. Sin estridencias en la comunicación, casi un milagro en estos tiempos, representantes del Gobierno vienen sosteniendo reuniones con los grupos parlamentarios del Congreso, sondeando apoyos pero especialmente informando cuáles serán los ejes del documento que Moncloa espera presentar formalmente en el Consejo de Ministros del 27 de octubre, según confirmaron a NAIZ fuentes del Gobierno.

Si bien la idea en un comienzo era concluir el borrador inicial a comienzos de este mes, los desencuentros entre el PSOE y Unidas Podemos lo han postergado. Hoy por hoy, el Gobierno de coalición tiene como meta de arranque fines de octubre y de llegada la de marzo, con el anhelo de aprobarlo en las Cortes Generales después de las elecciones catalanas.

Fuentes que forman parte del proceso de negociación y preparación del borrador informaron que el ultimar detalles ha sido pospuesto esta semana para exprimir al máximo los beneficios que –al parecer de Moncloa– puede traer la moción de censura de Vox, que se debatirá este miércoles y jueves. «Iván Redondo [jefe de gabinete de Pedro Sánchez y su gurú comunicacional] no quiere que coincida la información sobre los PGE con lo de Vox. Quiere que el foco esté en la extrema derecha y su discurso», se explica desde el Ejecutivo.

Flecos en la coalición
Los emisarios designados por presidencia del Gobierno para confeccionar el documento y encarar las negociaciones son la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Derechos Sociales, Nacho Alvarez. Este último representa a Unidas Podemos y es la persona de mayor confianza en asuntos económicos del vicepresidente Pablo Iglesias.

El acuerdo para el largo proceso que conlleva los presupuestos del Estado (se prevén tres meses como mínimo de trabajo en las comisiones parlamentarias) es que en todas las reuniones con otros grupos estén presentes Montero y Alvarez o representantes enviados por ellos. El martes pasado, por ejemplo, la ministra y el secretario se reunieron con los diputados Joan Baldoví (Compromís) e Iñigo Errejón (Más País). También hubo una reunión del portavoz del PNV, Aitor Esteban, y el jefe de gabinete de Montero.

«Fueron reuniones técnicas, de contenido. Nada de politiqueo ni conversaciones de alianzas. Se está haciendo aún el documento y se comunica a los posibles aliados cuál es la dirección que tendrá», explican desde el Gobierno. Sánchez exige máxima discreción y por ello las reuniones se manejan con prudencia, así como las precisiones de lo que incluirá el documento final.

Pero hay algunos desencuentros y se espera que horas antes del 27 de octubre, Sánchez e Iglesias se reúnan en persona para acercar posiciones y alcanzar una posición común. Fuentes de la vicepresidencia segunda han explicado a NAIZ que lo que más distancia a socialistas y morados «son dos asuntos, la fiscalidad progresiva y el desarrollo de programas públicos potentes, hay discrepancia en eso”.

En UP quieren subir el IRPF a las rentas más altas, que superen los 130.000 euros al año, aumentar el impuesto al Patrimonio a partir de los 10 millones de euros y programas «ambiciosos que protejan a los ciudadanos». Sin querer dar más detalles, los de Iglesias dan a entender que quieren más planes con fondos públicos al estilo de la renta básica o como lo que intentaron sin éxito con las ayudas al alquiler.

Las subidas de impuestos estaban incluidas en el acuerdo de investidura que suscribieron Sánchez e Iglesias pero ahora los socialistas lo frenan. En UP hay dudas sobre la razón para esta negativa. Podría ser por estrategia de comunicación para evitar ser señalados como estatistas dispendiosos por el bloque de la derecha (ya lo hacen de hecho aun sin las subidas) o también podría ser que se trate de una carta que Sánchez se quiera reservar para utilizarla en los tres años que le quedan presidiendo el Gobierno. Una de las respuestas que sí da el Ministerio de Hacienda para oponerse a la subida del impuesto al Patrimonio es la complejidad que plantea el hecho que algunas comunidades autónomas lo tengan bonificado.

Por lo pronto, el jueves pasado el Gobierno envió a la Comisión Europea su estimación presupuestaria. El plan da por segura la percepción de 27.000 millones del fondo de recuperación europeo (el grueso del dinero se recibiría en 2022), la recaudación de los impuestos a determinados servicios digitales y transacciones financieras, impuestos sobre envases de plástico de un solo uso y el incremento del IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas del 10% al 21%, impulsada por el ministro de Consumo, Alberto Garzón (UP).

Geometría parlamentaria y el factor Madrid
Desde el Gobierno han confirmado que «se va a priorizar a las fuerzas que dijeron sí a Sánchez y luego a los de la abstención”» La aritmética parlamentaria no se le presenta fácil: tuvo 167 votos a favor y 165 en contra, en una investidura que logró salir adelante gracias a la abstención de EH Bildu y ERC. La estrategia será entonces seducir a quienes dieron su voto de confianza, como es el PNV, Más País, Compromís, el Bloque Nacionalista Galego y Nueva Canarias.

Moncloa da por descontado que el mayor trabajo será conseguir la abstención del independentismo catalán. ERC se ha mostrado a favor de llegar a un acuerdo y un sector de Junts per Catalunya vinculado al PDeCat también. Quienes seguramente se mantengan en la negativa son los que responden al liderazgo de Carles Puigdemont y los dos diputados de la CUP. EH Bildu ha mostrado su disposición, vinculada a que el Gobierno deje de mirar a la derecha. Se lo dijo Mertxe Aizpurua a Pedro Sánchez en el Congreso y también en las reuniones con dos vicepresidentes: Pablo Iglesias y Carmen Calvo (foto: Diego Radamés)

«Si se negocia bien, las fuerzas de izquierda están en el sí, se lo han comentado a Pablo», aseguran a GARA fuentes cercanas al vicepresidente.

Pero otro recelo entre UP y PSOE es la desconfianza en cuanto al marco de alianzas. El intento de giro al centro que la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, viene llevando a cabo desde el estado de alarma y los guiños para ofrecerse a pactar «presupuestos serios sin subidas de impuestos» encienden luces rojas entre los morados.

En Podemos se jactan de haber hecho un «trabajo comunicativo importante» para desactivar cierto acercamiento entre Moncloa y Ciudadanos en septiembre pasado, que se enfrió tras las declaraciones públicas de Sánchez que recordaron la foto de Colón en la que estuvo Albert Rivera. Pero no dan por acabado el tema.

Cerca del vicepresidente segundo explican que «Ciudadanos no es una línea roja, su voto no es problema ni molesta ni da celos. El problema es si Cs fuera el actor principal de la negociación». Y ahí aparece el factor Madrid.

Un temor que sobrevuela es que por la inestabilidad del gobierno del PP en Madrid y el liderazgo controvertido de la presidenta regional Isabel Díaz-Ayuso, el PSOE ceda ante la tentación de «balancear el poder de España, que hoy está en la izquierda». Dicho en forma más cruda: con Ciudadanos aliándose con el PSOE para derribar al PP en Madrid, con el enorme impacto simbólico que eso tendría en el resto del país, podría cambiar el equilibrio político en todo el Estado y moverlo hacia el centro.

Fuentes de Ciudadanos han confirmado a GARA el interés en ser funcionales a una estrategia de ser pivotes del PSOE para edulcorar sus políticas más progresistas y blindar a los sectores más privilegiados, que ya no saben qué más hacer para que se vaya UP de la coalición. Pero por ahora, todo se encamina a intentar sumar una mayoría progresista para los primeros presupuestos desde 2017.

Pero siempre hay nubarrones en el horizonte. La inestabilidad de la pandemia es un azote constante para la economía y es leña para el fuego de la crispación y el mal humor social. Para colmo, en febrero habrá elecciones en Catalunya y una mayoría independentista contundente podría hacer más difícil la vía abstencionista que propone Oriol Junqueras. Lo único seguro es que la travesía de los presupuestos será larga y por cumbres borrascosas.

Los gobiernos autonómicos, solo testigos de los fondos europeos
En este contexto, el equipo técnico y económico del Ministerio de Hacienda y se la Secretaría de Derechos Sociales está ultimando los detalles para un documento de 30 ejes propositivos sobre las áreas en las que se podrá recibir y ejecutar los fondos de recuperación que enviará la Unión Europea a partir del año que viene.

Fuentes que forman parte de esos equipos han dejado en claro que «todo será organizado y decidido a través del Gobierno central, a pesar que haya algunas comunidades autónomas que crean que lo van a manejar».

A partir de los criterios estandarizados que defina Moncloa se decidirá qué proyectos de las comunidades serán los que acaben siendo presentados ante el Consejo Europeo para su visto bueno y posterior recepción de los fondos, según el protocolo acordado por los jefes de gobierno de los países miembros en julio pasado.

Las áreas priorizadas para los proyectos son transición ecológica y digital, igualdad e infraestructura sostenible. Habrá que ver si todo esto condiciona la polémica lista del Gobierno Urkullu, que priorizaba el TAV o Iberdrola.