La Fiscalía Superior de Catalunya ha abierto una investigación sobre los avales del Institut Català de Finances (ICF) para las fianzas millonarias que el Tribunal de Cuentas reclama a excargos del Govern por la acción exterior de la Generalitat.

En un decreto, la Fiscalía acuerda abrir diligencias a raíz de la denuncia que presentó Cs, pero ordena investigar solo a la junta de gobierno del ICF, puesto que los miembros del Govern ya han sido denunciados en paralelo por Vox ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), dada su condición de aforados.

El ministerio público deberá posicionarse ante el TSJC sobre esa denuncia de Vox contra el president, Pere Aragonès, y los consellers Jaume Giró y Laura Vilagrà, antes de que el alto tribunal decida si les abre una investigación.

Mientras tanto, el Ministerio Público ha remitido la denuncia a la Fiscalía de Barcelona para que practique diligencias encaminadas a aclarar si los miembros de la junta de gobierno del ICF cometieron algún delito en la concesión de los avales, dado que es a esta instancia a la que corresponde investigarlos por no ser aforados.

En su escrito, el fiscal Superior, Francisco Bañeres, no entra a valorar si ve delictiva la concesión del aval, pero recuerda que la ley obliga al Ministerio Público a abrir diligencias «cuando se reciba noticia de la comisión de hechos que pudieran tener relevancia penal».

Cs presentó la semana pasada su denuncia ante Fiscalía, al entender que el Govern cometió una «operación fraudulenta» con la creación del Fondo Complementario de Riesgos para avalar a los ex altos cargos encausados a través del Institut Català de Finances, lo que provocó la dimisión de tres miembros independientes de la junta de gobierno de la entidad.

En su decreto, la Fiscalía Superior acuerda archivar la denuncia de Cs contra los miembros del Govern, argumentando que la ley le obliga a hacerlo cuando consta la existencia de un procedimiento judicial en marcha por los mismos hechos.

El Tribunal de Cuentas duda de la legalidad de los avales, por lo que todavía no ha decidido si los acepta, a la espera del informe que ha requerido con urgencia a la Abogacía del Estado.

Postura del Govern 

Desde el Govern, la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, ha asegurado que su Ejecutivo está convencido de que se aceptarán los avales del ICF para las fianzas porque no hay «razón técnica para que no sea así».

La consellera ha afirmado que el Govern tiene sobre la mesa del Consejo de garantías estatutarias un informe «que irá en la misma línea que el planteamiento de la Generalitat».

«La Abogacía del Estado dirá la suya, pero desde la Generalitat estamos convencidos del procedimiento que hemos hecho, estamos convencidos de que es correcto», ha remarcado.