El Gobierno español prorrogará hasta el 31 de octubre, en el próximo Consejo de Ministros, el «escudo social», que incluye medidas como la suspensión de los desahucios, la ampliación de los alquileres y la prohibición del corte de suministros básicos.

En concreto, el Consejo de Ministros del próximo martes aprobará la extensión de las medidas contenidas en el Real Decreto-ley 8/2021 que expiraban el 9 de agosto «para garantizar la protección social de todos los ciudadanos».

Un trabajo que ha culminado con las conversaciones entre el Ministerio de la Presidencia que dirige Félix Bolaños y el de Derechos Sociales y Agenda 2030 que encabeza la navarra Ione Belarra.

Desde el Ministerio de Derechos Sociales, su titular Ione Belarra, había pedido la ampliación de esas medidas hasta el 31 de diciembre porque la ministra de Podemos defendía que eran necesarias «en un momento en el que muchas personas aún no se han recuperado de los efectos socioeconómicos de la pandemia» pero, por el momento, llegará hasta el 31 de octubre.

Respecto al «decreto antidesahucios» el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, barajaba varias opciones, según aseguró su nueva titular, Raquel Sánchez, la de presentar un nuevo decreto para proteger de «manera estructural» anunciado por su predecesor en una comparecencia parlamentaria o la prórroga que se ha acordado.

Con esta decisión se amplía hasta esa fecha la prohibición de los procedimientos de desahucio en personas en situación de vulnerabilidad económica.

Además, se mantiene la posibilidad de solicitar el aplazamiento del pago del alquiler de vivienda habitual a las familias en situación de vulnerabilidad siempre que los arrendatarios sean grandes tenedores de viviendas (diez o más).

Asimismo, se amplía el plazo para pedir una moratoria de tres meses en el pago de hipotecas y créditos.

También se prohíbe para primeras viviendas de las personas vulnerables el corte de suministros básicos, como son los de energía eléctrica, gas natural y agua y se amplía automáticamente la vigencia del bono social, el descuento directo en la factura dirigido a los consumidores vulnerables.

El Gobierno español aprobó por primera vez las medidas del escudo social el 31 de marzo de 2020, tras decretarse el estado de alarma a causa de la pandemia de coronavirus, y desde entonces se ha ido dando luz verde a sucesivas prórrogas para seguir manteniéndolas en vigor.