La intervención del CNI es una cuestión nuclear que no ha podido ser expuesta en la sala, según ha destacado el abogado Alfontso Zenon, defensor de Arantza Zulueta y Jon Enparantza, en sus conclusiones en el juicio por el sumario 13/13.

De este modo, todas las pruebas o documentos obtenidas a partir de esta intervención no serían válidos en un procedimiento judicial, por lo que la propia causa debería quedar sin efecto. Los agentes del CNI no han comparecido en la vista.

Zenon, que ha reclamado la absolución de sus representados, ha insistido en un argumento que ya expuso en las cuestiones previas al comienzo del juicio, que la intervención del CNI es la que da origen a todo el procedimiento y que se realizó sin control judicial, por lo que se han vulnerado derechos como el de un proceso con garantías, la tutela judicial efectiva o la privacidad de las comunicaciones.

«No es cierto que la causa comienza con una comisión rogatoria francesa, sino que se asienta en el informe ‘Halboka’, que se basa en la interceptación de comunicaciones del CNI», ha destacado Zenon. «Sin ese actuar, no sería posible el informe o la atribución de los alias a los acusados ni, por tanto, el auto del juez para la entrada, registro de despachos de domicilios y despachos y las detenciones», ha añadido. El actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fue quien firmó este auto durante el periodo en el que fue juez instructor de la Audiencia Nacional española.

El letrado ha subrayado que el CNI no solo intervino en actuaciones previas, sino también en las detenciones y en la apertura de documentos cifrados, como ha quedado acreditado en la vista con las declaraciones como testigos de agentes de la Guardia Civil. En este sentido, ha subrayado que el instituto armado ha tratado de quitar relevancia a la actuación del CNI «porque saben que no es ajustada a derecho y corren el riesgo de echar por tierra toda la intervención».

Junto a ello, ha destacado que en un documento aportado por la defensa ya en 2010 aparece la distribución de dónde deberían ir en los coches los agentes que participaron en los registros de los despachos de Bilbo y Hernani y en las posteriores detenciones. En ese documento se reservan asientos para agentes del CNI.

«El CNI no puede investigar un hecho penal y lo ha hecho»

Zenon ha recordado que el CNI está facultado para realizar actividades prejudiciales en defensa de la llamada ‘seguridad nacional’, pero que no lo está para participar en un procedimiento penal al no tener cobertura legal para ello. «No puede investigar un hecho penal y lo ha hecho», ha concluido.

Junto a ello, ha subrayado que solo se han desclasificado algunos documentos del CNI, no todos los relacionados con el caso, como ha solicitado la defensa. De este modo, se ignora si existen documentos que pudieran ser exculpatorios para los acusados, por lo que se ha incurrido en una clara indefensión.

Asimismo, ha destacado que la vulneración del secreto de las comunicaciones que se ha producido es aún más grave porque afecta a abogados, protegidos en un grado superior debido a su actividad. Así, se han podido conocer estrategias de defensa de otras causas y conversaciones con clientes amparadas en el secreto profesional.

Zenon ha señalado también que los autos de entrada y registro se basan también en una supuesta cita que mantuvieron David Pla y Jon Enparantza en la localidad occitana de Mimizan, pero que no ha quedado acreditada. «Los autos se apoyan en una falsedad, en meras conjeturas sobre hechos que se han demostrado inciertos», ha subrayado.

También ha hecho referencia al elemento de cosa juzgada, ya que sus dos defendidos fueron condenados previamente por hechos análogos a los que se les imputan ahora, para reclamar la nulidad del procedimiento. Además, ha destacado que una entrevista del ministro de Interior en RTVE cuando se produjeron las detenciones conculcó la presunción de inocencia al atribuir a los arrestados directamente la pertenencia a ETA.

Junto a ello, ha destacado que no hay ningún elemento que vincule a Zulueta con el zulo encontrado en el Estado francés por el que se le pide un delito de tenencia de armas y explosivos ni que tampoco se ha podido acreditar que la identidad de sus patrocinados corresponde a los alias que se les atribuyen como integrantes de ETA en condición de dirigentes.

Asimismo, ha mencionado que este proceso ha incurrido en dilaciones indebidas.

Torturas de Naia Zurriarrain

La letrada de Naia Zuriarrain, Jone Goirizelaia, también ha destacado el papel del CNI en esta causa y ha subrayado, además, que en el caso de su representada no hay prueba alguna que le incrimine a excepción de la declaración que realizó en dependencias policiales, recordando que denunció torturas a las que dos peritas dieron verosimilitud en la sala.

En este sentido, ha recordado que existe un documento en el que se señala que en la detención hay que darles un trato preferencial y que el resto tiene que ratificar las imputaciones que tienen sobre los demás. Esta declaración de Zuriarrain en sede policial es la base por la que se vincula a los demás acusados con los alias que sirven para su imputación. La letrada ha destacado que su representada negó en sede judicial lo declarado ante la Guardia Civil y relató el maltrato sufrido.

Al margen de esta declaración, la única prueba contra Zuriarrain es, según la acusación, documentación que fue incautada tras la clonación del ordenador en el que estaba trabajando cuando se produjo el registro. Sobre este aspecto, ha subrayado que existe contradicción entre el acta de entrada y registro y la acusación sobre si el ordenador estaba apagado o encedido en ese momento. «Si el ordenador estaba apagado no se puede obtener lo que los agentes de la Guardia Civil dicen que han obtenido», ha señalado, recordando que lo manifestado por el letrado de la Administración de Justicia en el acta es «incuestionable» según la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Tras exponer también que ha habido dilaciones indebidas en el procedimiento y el elemento de cosa juzgada, Goirizelaia ha reclamado la absolución de Zuriarrain y subsidiariamente que se le aplique un subtipo atenuado.

En este aspecto, se ha referido a las palabras del fiscal en sus conclusiones definitivas sobre que ETA no ha desaparecido. «Sostener eso para pedir una pena es obviar la realidad. Y también es obviar la ley, que exige aplicar las normas en función de la situación social», ha señalado, antes de subrayar que este criterio ya se ha aplicado en la propia Audiencia Nacional.

«Estamos empezando a caminar, nos está costando crear una situación de convivencia distinta. Para ello, tenemos que aceptar cosas y la izquierda abertzale las está aceptando. Ayúdennos a avanzar con esta sentencia», ha añadido Goirizelaia.

Sin pruebas contra Sarriegi

Aiert Larrarte, letrado de Iker Sarriegi (y también de Julen Zelarain, a quien se ha apartado del procedimiento), también ha hecho referencia al papel nuclear del CNI en este procedimiento, que ha provocado vulneración de derechos fundamentales, por lo que ha reclamado la nulidad del procedimiento y la absolución de su representado.

«El informe ‘Halboka’ cuelga de las informaciones del CNI. Ha sido el CNI quien ha identificado a Julen Zelarain como Ilazki y a Arantza Zulueta como Marxel. Esta es una tesis del CNI, no de la Guardia Civil», ha subrayado.

Junto a ello, ha destacado que no hay ninguna prueba que incrimine a Sarriegi. Ha puesto en cuestión los elementos utilizados para vincularle con el alias Gabai. De este modo, ha relatado que fueron compañeros de estudios y que empezaron a trabajar a la vez, por lo que no cuadran las fechas que imputan a Sarriegi una actividad como abogado anterior. También ha cuestionado que su vinculación con Doka pueda ser para realizar tareas de vigilancia, llegando a reclamar un mínimo de seriedad al realizar estas imputaciones. Ha destacado que hay otros abogados que también han sido futbolistas, ante los intentos de las acusaciones de utilizar este rasgo como prueba de que Sarriegi es Gabai.

Junto a ello, ha subrayado que no hay ningún documento que vincule a Sarriegi con el alias y que el registro del despacho de abogados, en el que el letrado estuvo presente, se hizo sin respetar las mínimas garantías.

El juicio concluirá, previsiblemente, mañana

El juicio ha quedado suspendido hasta mañana a las 10.00, cuando se retomará con las conclusiones de los letrados de Saioa Agirre y Nerea Redondo.

Posteriormente, si no hay imprevistos, se dará a los acusados la oportunidad de usar el turno de la última palabra, tras lo que el juicio quedará visto para sentencia.