Diez militares colombianos y un civil han reconocido ante las víctimas y la Justicia Especial para la Paz (JEP) que mataron a civiles que luego hicieron pasar por guerrilleros muertos en combate para obtener incentivos y engrosar así la lista oficial de guerrilleros fallecidos. Las audiencias que comenzaron el martes prosiguen este miércoles. Los once están imputados por la JEP por crímenes de guerra y lesa humanidad.

«Que quede claro. Manchamos la región del #Catatumbo. Dañamos el buen nombre de la región. Manchamos los nombres de estas familias. Cometimos crímenes de guerra y lesa humanidad. Yo acepto la responsabilidad. También pido perdón a Dios, mi familia e hijos. Asesiné cobardemente, les arrebaté la ilusión a sus hijos, les desgarré el corazón a sus madres por una presión de unos falsos resultados, por tener contento a un Gobierno. No es justo», manifestó ante las víctimas el cabo primero (r) Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, imputado por la JEP como «máximo responsable por asesinato y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate» en el Norte de Santander. Durante la época de los hechos, fue comandante de escuadra en compañías adscritas al Batallón contraguerrilla Nº98 de la Brigada Móvil 15 entre el 7 de febrero 2007 y 19 de diciembre de 2008.

Una de las magistradas recordó que Gutiérrez Salazar «preparó una lista de personas que luego fueron ejecutadas y contribuyó en varios casos proporcionando información sobre las víctimas, así como armas para simular los combates, facilitando que algunas víctimas quedaran en poder de los miembros de de las unidades militares que finalmente los asesinaron».

«Asesinamos personas inocentes»

En su intervención, el militar hoy retirado reconoció su «responsabilidad a título de coautor de crímenes de guerra y lesa humanidad y homicidio en persona protegida. No es fácil estar acá frente a las víctimas. No voy a justificar lo que hice porque cometí delitos, crímenes. Asesinamos personas inocentes. Campesinos. Uno de mis compromisos cuando me reuní con las víctimas fue aclarar todo ante la opinión pública, ante el país. Que los que asesinamos eran campesinos», declaró al inicio de su alocución.

«Había una presión por parte de los altos mandos. Nos exigían dar resultados (...), había que buscar resultados como fuera y teníamos contacto con grupos de paramilitares de la región, sobre todo de Aguachica, para conseguir armas. La lista que elaboré en El Carmen (Norte de Santander) fue de 14 con la ayuda de María Eugenia Ballena. A ella le pagaban por cada persona que entregaba (...) De una u otra forma, ella conocía a mucha gente porque era la que administraba el bar… y empezamos a ejecutar a inocentes. Yo en ese momento no pensaba en el daño que estaba causando», manifestó.

“Yo reconozco mi responsabilidad a título de coautor de crímenes de guerra y lesa humanidad (…). No voy a justificar lo que hice porque cometí delitos”, arrancó diciendo en su intervención el cabo primero (r) Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar.#ReconocerParaNoRepetir pic.twitter.com/okEbMOyvyH

— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) April 26, 2022

Dirigiéndose a una de las víctimas, Sandra Barbosa, cuyo hermano figuraba en esa lista, asumió que «Javier Peñuela era un campesino que se levantaba a las 5:00 am a trabajar y su pecado fue ir con un dolor de muela a pedir que se la sacaran. Ya María Eugenia Ballena lo había incluido en la lista. Ella me llamó para decirme que Peñuela había bajado al pueblo en una bicicleta. Yo no estaba en el pueblo, hago la coordinación con otra unidad que estaba cerca. Fue el Ejército y lo sacó a la fuerza de la tienda. Se lo llevaron».

A Peñuela le colocaron un fusil comprado a grupos paramilitares. «Hicimos un teatro para mostrar un supuesto combate por la presión que había de los altos mandos. Yo ejecuté, asesiné a familiares de los que están acá –en la sala de audiencia– llevándolos con mentiras, engaños, disparándolos y luego poniéndoles un arma para decir que había habido un combate y que era un guerrillero».

Cara a cara con su víctima

Otros de los militares en declarar fue el capitán (r) Daladier Rivera Jácome quien frente a Villamir Rodríguez, la única víctima superviviente del sumario 03, le detalló como fue el operativo en su contra y reconoció que «no era ningún combatiente».

«Soy responsable de que usted estuviera detenido durante un tiempo después de estos hechos tan atroces que acaba de narrar. Yo elaboré falsos documentos de inteligencia que puse a disposición de la Fiscalía», le dijo tras reconocer que pagaron para que desmovilizados declararan en su contra.

El mayor (r) Juan Carlos Chaparro Chaparro recordó que a su batallón llegaron «muchas víctimas, y mancillé el nombre de ellos. Inclusive con voz fuerte les decía que los familiares de ellos estaban en alguna estructura, siendo esto falso, siempre acompañando lo que los subalternos en su momento hicieron».

La voz de los familiares

Fueron muchas las víctimas que tomaron la palabra en esta audiencia de más de nueve horas. Entre ellas, Antonio María Peña, campesino proveniente de la región de El Tarra que perdió dos hermanos víctimas de los «falsos positivos».

«¿Se vistieron uniforme para asesinar campesinos humildes? ¿Cuántos eran los beneficios que daban el Estado para matar un civil?», preguntó a los militares comparecientes.

«Soy María Amparo Suárez, madre de Luis Alberto Sandoval, quien fue ejecutado por los que están sentados ya que dieron órdenes de ejecución. Les pedimos reconocimiento propio y verdadero que limpie el buen nombre de seres con nombre y apellido. No era lo que ustedes dieron a conocer. Que se retracten por lo dicho sin justificación. A ninguno de ustedes les consta que nuestros familiares eran delincuentes», remarcó esta madre que lleva 14 años buscando verdad.

“Les pedimos reconocimiento propio y verdadero que limpie el buen nombre de seres con nombre y apellido. No era lo que ustedes dieron a conocer. Que se retracten por lo dicho sin justificación. A ninguno de ustedes les consta que nuestros familiares eran delincuentes”, concluyó. pic.twitter.com/p8zIf7jyiF

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En nombre de la JEP, su presidente, Eduardo Cifuentes,  en que con «justicia y verdad, otro país será posible. La tragedia a la que nos arrastró la guerra no debe repetirse si la justicia brilla y si su brillo es la verdad».

Ningún momento nos había acercado tanto a la verdad y a la posibilidad de impartir justicia como esta audiencia de reconocimiento. Que diez miembros del Ejército Nacional, entre ellos un general, cuatro coroneles y otros cinco oficiales y suboficiales, además de un tercero civil reclutador, estén hoy en el Catatumbo dispuestos a asumir su responsabilidad de manera pública es una prueba fehaciente de su compromiso pero también de la generosidad de las víctimas y de la justicia transicional con enfoque restaurativo», remarcó.

«Una radiografía completa de los falsos positivos»

«La JEP le presentó al país la radiografía más completa que se conoce sobre los ‘falsos positivos’ en una de las regiones más afectadas por este fenómeno criminal, Norte de Santander. Por primera vez, la justicia determinó que los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como ‘bajas en combate’ por agentes del Estado fueron el resultado de una política institucional que estableció el cuerpo del enemigo caído en combate como el indicador principal del éxito del esfuerzo militar», concluyó Cifuentes.