Urtzi Urrutikoetxea

El gran triunfo de la ultraderecha más reaccionaria contra los derechos civiles

Tras décadas de agitación y ataques constantes por parte del lobby antiabortista, el viernes se suprimió la protección constitucional al aborto en EEUU. Se prohíbe decidir sobre sus propios cuerpos a millones de mujeres, que ahora tiene menos derechos que los que han tenido sus madres y abuelas.

Una mujer grita consignas en una movilización a favor del aborto frente a la Corte Suprema, en Washington.
Una mujer grita consignas en una movilización a favor del aborto frente a la Corte Suprema, en Washington. (Anna MONEYMARKER | GETTY IMAGES | AFP)

La noticia era esperada, tras una filtración hace algunas semanas, y desde primera hora del viernes se había reunido gente a las puertas del Tribunal Supremo de EEUU. Estos últimos días han sido vertiginoso para las asociaciones en defensa del derecho al aborto, los derechos civiles, los derechos reproductivos o aquellas que trabajan con mujeres en situación de exclusión o pobreza.

Sabían que la decisión de la Corte Suprema era inminente (tenía que publicarse antes del receso de verano); generalmente se anuncia una semana antes en qué día saldrán resoluciones y al llegar el miércoles el aviso de que se añadía el pasado viernes al día de publicación de sentencias, todo el mundo se puso alerta.

El jueves seis jueces del Supremo dictaminaron que un estado federado no puede impedir que los ciudadanos lleven un arma por la calle. Un día después, esos mismos jueces dieron la razón al estado de Mississippi en su litigio contra la clínica de salud reproductiva de Jackson, y cinco de ellos aprovecharon la ocasión para hacer historia a su manera: anulaban una decisión de ese mismo Tribunal que medio siglo antes había establecido el derecho constitucional a interrumpir el embarazo.

En 24 horas se certificó la posesión de armas incluso en estados contrarios a ella y al mismo tiempo se acabó con la garantía del derecho al aborto: al contrario que con las armas, los estados ya no tienen ningún impedimento para recortar el derecho al aborto, e incluso acabar con él. Y en muchos de ellos la prohibición está siendo inmediata.

Roe vs. Wade era, hasta el viernes, el precedente por el que la Corte Suprema estableció una protección constitucional al derecho de la mujer a interrumpir el embarazo (la Constitución es un texto de 1787 que evidentemente no cita el aborto, pero en el que sí aparece el derecho a la privacidad, en base al cual se había entendido el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo). Una vez roto ese dique de contención con el que se topaban durante décadas los intentos continuos de varios estados de restringir el aborto, ahora el primer objetivo es cómo minimizar los daños.

Varios estados progresistas en ambas costas ya han mostrado su voluntad de acoger a las mujeres de estados antiabortistas que quieran interrumpir el embarazo, y numerosas empresas anuncian que apoyarán y financiarán a sus empleadas que decidan abortar en otros estados. Son medidas de alivio, pero que no alcanzarán a muchísimas mujeres, especialmente a las más vulnerables: el número de abortos entre mujeres negras pobres es muchísimo mayor que su peso demográfico.

Medidas de alivio

Tal y como recordaba Gabriela Benazar Acosta, de Planned Parenthood, muchas de las mujeres que deciden abortar ya tienen hijos y no desean tener más; la posibilidad de viajar se reduce en esos casos en los que frecuentemente no tienen a quién dejar al cuidado de esos hijos. «Por no hablar de las mujeres migradas. En Texas o Arizona hay patrullas que se dedican a cazar inmigrantes indocumentados; si apenas pueden salir de casa al trabajo y vuelta, ¿cómo se plantearán viajar cientos o miles de kilómetros a otro estado?», se preguntaba.

Ninguno de los veintipico estados con leyes preparadas –en vigor o no– para restringir el aborto cuenta con baja maternal remunerada. Ocho de ellos han rechazado, incluso, expandir la cobertura de Medicaid bajo la ley de sanidad, para cubrir desde el embarazo hasta el posparto de mujeres estadounidenses. Mississippi, el estado que ha logrado eliminar el derecho al aborto, es el primer estado en pobreza infantil.

En definitiva: los estados con políticas más restrictivas, las que más se presentan como «provida», son también los que menos protegen a las embarazadas y a la infancia, tal y como recuerda Sara Rosenbaum, del Centro George Washington para la Investigación de Servicios Sanitarios.

Así, es notable la diferencia entre Connecticut, donde el aborto es legal y la baja de maternidad, al igual que la sanitaria, está remunerada, y los estados republicanos del sur y el Medio Oeste, donde no existe nada de eso. La mortalidad en el parto es tres veces mayor entre mujeres negras que entre blancas.

Ante este panorama, las elecciones de noviembre son de vital importancia por la posibilidad de que pueda salir una mayoría demócrata en algún estado republicano y, sobre todo, con la esperanza de que una mayoría progresista pueda controlar el Senado. Pero las encuestas y la situación económica no apuntan a ello, y no son pocos los votantes demócratas que se sienten frustrados ante la imposibilidad de que se haya aprobado una ley federal del aborto que hubiera impedido las consecuencias de la decisión del Supremo.

La congresista Alexandria Ocasio-Cortez recordaba que «solo las elecciones no nos salvarán. Sí, hay que ir a votar, es lo mínimo, pero también hay que salir a la calle. Ahora toca llenar las calles, las elecciones no son suficientes».

Agenda extremista

Desde la filtración del borrador del juez Samuel Alito a comienzos de mayo muchas voces han avisado de que la agenda reaccionaria no se parará con Roe. Representantes republicanos ya han sugerido la opción de prohibir el aborto a nivel nacional, es decir, llegar al extremo contrario de lo que ha habido hasta ahora: desde 1973 la norma constitucional se ha impuesto a los intentos de estados conservadores de limitar el derecho al aborto, algo que a partir de ahora no ocurrirá y cada estado legislará sobre el aborto. El objetivo de algunos sectores ultras sería prohibirlo por completo, incluso en los estados en los que seguirá siendo legal.

Según advirtió «The Washington Post» en mayo, los senadores republicanos James Lankford y Joni Ernst, junto a lobbies antiabortistas, estarían preparando un proyecto de ley para ello, además de buscar apoyos entre los candidatos para las elecciones de noviembre. A día de hoy, es imposible que semejante propuesta pueda salir adelante en el Senado, incluso si los republicanos tuvieran la mayoría el año que viene.

Pero si la decisión del viernes deja algo en evidencia es que hay sectores derechistas que no cejan en el empeño, que invierten millones de dólares en difundir su mensaje y financiar candidatos afines, y que es posible desandar lo andado en materia de derechos sociales.

El juez Clarence Thomas ya había dejado clara anteriormente su ideología extremista («el más conservador del Supremo», según la terminología mediática más común). En esta sentencia muestra que no se conforma con esta resolución al citar y poner en duda los precedentes que legalizan la planificación sexual (anticonceptivos), el sexo homosexual e incluso el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Evidentemente el juez Thomas, afroamericano, no incluyó en su escrito particular el tema del matrimonio interracial, pero una vez abierta la veda, no faltará quién abogue por restringir los derechos civiles hasta prohibir las uniones entre personas blancas y negras.

No es una exageración: el senador republicano por Indiana Mike Braun ya dijo en marzo que le parecería bien que el Supremo devolviera el tema de los matrimonios interraciales a los estados (como ha ocurrido con el aborto): «Uno no quiere que la Corte Suprema se meta en asuntos como esos». Es cierto que tras la polémica suscitada se retractó y dijo que no había entendido bien la pregunta del entrevistador, aunque esta fuera explícita: «¿Estaría de acuerdo en que la Corte Suprema dejara el asunto del matrimonio interracial en manos de los estados?».

Hay que recordar que esa cuestión solo está protegida desde 1968, apenas cinco años antes que el derecho constitucional al aborto que acaba de derogar el Supremo.