Dos docentes de un centro educativo llamado Emeki-Emeki y ubicado en Villa Landetxe, en el barrio donostiarra de Aiete, han permanecido detenidas cerca de 36 horas por una presunta agresión sexual a una menor de cuatro años.

A última hora de este martes EiTB ha informado de que han quedado libres tras pasar a disposición judicial, aunque con medidas cautelares a la espera del desarrollo de la investigación. Ambas han negado cualquier tipo de agresión sexual.

Según afirma este medio citando fuentes cercanas a las dos docentes detenidas, tendrán que cumplir una orden de alejamiento, por lo que no podrán acercarse a la niña de 4 años cuyos padres denuncian que han agredido sexualmente a su hija, ni al hermano de esta, también alumno del mismo centro educativo.

Ambas mujeres han declarado en el juzgado este martes a partir de las 11.00 horas, en una sesión en la que también ha testificado la víctima y su hermano (como testigo) igualmente menor de edad, quienes han declarado asistidos por los profesionales del equipo psicosocial de los juzgados, en un trámite que se denomina prueba preconstituida, han indicado las fuentes.

Las declaraciones y otros trámites judiciales se han prolongado durante toda la jornada, hasta cerca de las 19.00 horas con un pequeño receso a media tarde.

Tras una denuncia

Según ha revelado a primera hora de este martes ‘Noticias de Gipuzkoa’, los arrestos se produjeron el lunes por la mañana en Donostia y Hondarribia, donde residen las mujeres.

Fuentes del Departamento de Seguridad de Lakua no han ofrecido información del caso, que se encuentra bajo secreto de sumario. Lo mismo ha hecho el fiscal de Menores de Gipuzkoa en ETB. Y tampoco han trascendido datos tras la declaración judicial.

La operación policial se llevó a cabo tras una denuncia interpuesta ante la Ertzaintza por una presunta agresión sexual dentro de un centro situado en la capital guipuzcoana destinado a niños y niñas de entre 3 y 6 años y que sigue un modelo pedagógico alternativo a la enseñanza pública o concertada.

Ya que los hechos, calificados por fuentes cercanas al caso como «muy graves» ocurrieron en el centro, la Ertzaintza lo cerró para tomar evidencias del caso mientras las arrestadas fueron trasladadas a comisaría.

Familias defienden a las detenidas

Antes del paso a disposición judicial, una decena de familias de Emeki-Emeki han defendido este martes la «profesionalidad y ética» de las docentes y del proyecto educativo del centro.

Estos padres y madres rechazan categóricamente en un comunicado «cualquier insinuación que ponga en duda la integridad de las personas que han dedicado su vida a este proyecto».

«Queremos expresar nuestro apoyo a las docentes y responsables del centro, quienes han sido objeto de acusaciones que, hasta el momento, no han sido demostradas», señalan en el escrito.

Los padres y madres destacan la «dedicación y profesionalidad» de los integrantes de la escuela y aseguran que han sido «testigos directos» de cómo este enfoque educativo ha permitido que sus hijos e hijas crezcan «en un ambiente seguro, afectuoso y enriquecedor».

Estas familias expresan además su confianza en que «la justicia actuará con rigor y objetividad para aclarar esta situación». «Por ello, seguiremos colaborando con las autoridades competentes para que se aclare la verdad; confiamos en que ésta prevalecerá y que se restablecerá la buena reputación de unas profesionales que han dedicado su vida a la educación desde la profesionalidad, el amor y el respeto», remarcan.

En esta línea, hacen «un llamamiento a la responsabilidad y al rigor en el tratamiento de esta información» ya que, según indican, «el sensacionalismo y la difusión de acusaciones sin pruebas no solo dañan la reputación de las docentes y del centro sino que también vulneran la privacidad y la dignidad de las familias y los menores involucrados».

Un edificio de titularidad municipal

El alcalde, Eneko Goia, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa tras la Junta de Gobierno Local, ha confirmado que se trata de un centro ubicado en «un edificio de titularidad municipal y está cedido a la Asociación Cultural Catalina de Erauso».

Goia ha señalado que el Ayuntamiento va a «mirar» las actividades que la asociación a la que estaba cedido el local ha desarrollado «una vez que se ha producido esta situación».

Además, el regidor donostiarra ha asegurado que sobre el caso el Consistorio no tiene «gran detalle» porque, según ha explicado, «lo que nos consta es que el juez ha decretado secreto sumario de las actuaciones».

En esa línea, Eneko Goia ha asegurado que «cuando uno lee noticias de este tipo lo primero que tiene es una honda preocupación de que se puedan producir situaciones como las descritas». Así, ante ello ha apelado a la «prudencia» pero ha insistido en que supone «una preocupación».

Educación no tiene información

La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha reconocido que su departamento no cuenta con ningún tipo de información sobre las actividades desarrolladas en este centro al tratarse de una escuela privada, sin financiación pública, y que además cubre una etapa de enseñanza no obligatoria que va desde los cero a los seis años.

Ha reconocido que lo que se investiga es «grave» y que ha tenido conocimiento por los medios de comunicación, aunque posteriormente se ha puesto en contacto con el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria.

Pedrosa desconoce si la escuela sigue o no abierta al insistir en que el caso está bajo secreto de sumario y que además su departamento no dispone de más información porque no lo gestiona.

«Hablamos de educación no obligatoria. Además, el Departamento no puede acceder a un centro donde no tiene potestad. La Inspección educativa no tiene relación sistemática con este centro. En estos casos la Inspección tiene poco margen de maniobra y se pone al servicio de otros agentes», ha insistido.

La consejera, en todo caso, ha subrayado que «todos los centros educativos de Euskadi que reciben fondos públicos tienen que cumplir con la Ley de Infancia y Juventud, con la Ley de Educación, y con los protocolos establecidos en coordinación con la Ertzaintza, con los servicios sociales, con el Departamento de Bienestar, y con las diputaciones».

Pedrosa ha añadido que todo esto «está muy bien recogido en el documento que se trabaja de manera preventiva con todos los centros educativos donde se habla de cómo hay que abordar cualquier detección o identificación de desprotección y de cualquier tipo de violencia».

«En cualquier situación que se da un caso de desprotección, el centro educativo sabe cómo tiene que actuar, cómo tiene que desplegar el protocolo, y automáticamente se activa dicho protocolo con la colaboración de la Inspección educativa», ha subrayado.