La Comisión Provincial de Coordinación contra la Violencia de Género en Bizkaia ha identificado 12 feminicidios cometidos entre 2010 y 2022 en Bizkaia, incidiendo en sus características. Explica que en siete de estos casos no había denuncias previas y eran desconocidos para el sistema judicial.

A consecuencia de ello, en total 13 menores se quedaron huérfanos de madre. Otro menor fue asesinado junto a su progenitora.

La Comisión Provincial está presidida por la presidenta de la Audiencia de Bizkaia, Reyes Goenaga, y en su seno se formó en 2022. Tiene un equipo propio de Revisión de los casos de feminicidio por parte de la pareja o expareja para avanzar en la prevención y detección precoz, analizando en profundidad los factores de riesgo y de protección en cada caso.

El grupo está formado por profesionales de Osakidetza, Ertzaintza, Judicatura, Servicio Social de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia Machista del Área de Igualdad del Ayuntamiento de Bilbo, Centro Penitenciario de Bizkaia y el Instituto Vasco de Medicina Legal, así como la Universidad de Deusto, como apoyo metodológico.

Este estudio parte de la idea de que una coordinación más eficiente entre los diferentes operadores implicados en la respuesta a este fenómeno permitiría mejorar el sistema de prevención y de acompañamiento a las víctimas. Para ello, pretende trabajar en el diseño de protocolos de intervención coordinados que anticipen el resultado letal, y que mejoren el acompañamiento y protección a las víctimas.

Arma blanca, asfixia, golpes...

El informe destaca que se identificaron 12 feminicidios entre 2010 y 2022. El método homicida más utilizado fue el arma blanca en seis casos (50%), seguido dos cometidos por asfixia (16,7%) y uno (8,3%) por policontusiones.

Tres de las muertes implicaron métodos mixtos: policontusiones y asfixia (8,3%), policontusiones y atropello (8,3%), y policontusiones y arma blanca (8,3%). Además, en 10 (83,3%) de los 12 casos analizados, el femicidio ocurrió con una especial violencia.

El lugar más frecuente del crimen fue en un domicilio, principalmente en el domicilio común. Esto ocurrió en cinco casos, lo que supone el 41,7%. El segundo lugar más frecuente es el domicilio de la víctima (en el caso de tres, el 25%) y, después, la vivienda del agresor (en los casos, el 16,7%). Uno (8,3%) tuvo un escenario complejo: el domicilio de la víctima y un espacio público, y el restante (8,3%) fue en un negocio.

Dos tercios de los feminicidas eran de origen español (ocho, lo que supone el 66,7%), con una edad media de 42,8 años. Las víctimas eran ligeramente más jóvenes, con una edad media de 40,6 años. Siete (58,3%) de estas mujeres eran de origen español y cinco (41,7%) extranjeras.

Siete de los feminicidios (58,3%) ocurrieron cuando la víctima había, o bien anunciado su deseo o intención de separarse de su agresor (16,6 %), o bien se había materializado ya tal separación (41,7%). En estos últimos, dos de los feminicidios (16,7%) se cometieron a las cuatro semanas de la separación, mientras que los otros tres restantes ocurrieron: una semana después (8,3%), en las tres semanas siguientes (8,3%) y a las 16 semanas de la separación (8,3%).

En el grupo de no feminicidios, la violencia estudiada abarca un rango amplio de violencia: la violencia física, la violencia psicológica, la sexual o económica, que pueden aparecer de forma aislada o combinada.

La violencia psicológica es universal y estaba presente en todos los casos e incluye los quebrantamientos de las órdenes de protección. En siete (70%) de los casos hay una violencia física explícita, llegando en dos de ellos (20%) a calificarse de tentativa de homicidio.

Tres de los casos (30%) implicaron agresiones en la calle, aunque en uno de ellos hubo además otra agresión, en el domicilio unos días antes. Siete de los agresores eran de origen español (70%), mientras que los tres restantes (30%) eran de procedencia extranjera.

La edad media de este grupo era de 45,9 años. En el 30% de los casos hay un diagnóstico psiquiátrico activo y ocho (80%) tenían consumos de alcohol y/o drogas. Las víctimas de este grupo tenían una edad media de 38,7 años. Seis (60%) de estas mujeres eran de origen español y 4 (40%) extranjeras.

Intervención en 24.000 casos

Los datos extraídos del Observatorio de Bizkaia de la Violencia de Género sobre actuaciones policiales en violencia de género entre 2013-2023 concluyen que se ha intervenido en un total de 23.989 casos, y los feminicidios representan menos del 0,05%.

En siete casos no había denuncia y eran desconocidos para el sistema judicial, aunque en uno de ellos el sistema sanitario sí había detectado ideas agresivas y de muerte hacia la víctima.

El informe subraya la necesidad de formación actualizada para atender de forma multidimensional esta violencia, y cree importante incluir la violencia económica y violencia vicaria o nuevas formas de victimización, como la ciberviolencia.

La ideología machista y la desigualdad estructural entre hombres y mujeres están en la base de esta violencia, y encuentra su mayor expresión en el ámbito de las relaciones de pareja.

Los sesgos de género, el burnout, la excesiva carga de trabajo, la falta de tiempo y espacios de calidad en la atención, la falta de autocuidado y supervisión, entre otros, pueden estar presentes en los profesionales de servicios que atienden la violencia de género y en las instituciones implicadas. «Es labor de todas y todos tomar conciencia y participar en procesos de formación continua que mejoren la intervención institucional», señala el documento.

Asimismo, apunta que una institución aisladamente no puede solucionar el problema, sino el trabajo en red. En la respuesta institucional, apunta que los Estados podrían ser responsables por los actos privados de las personas «si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas».

Por ello, las instituciones deben actuar «de forma eficiente y eficaz frente a la violencia de género para así colaborar en su extinción, especialmente desde las instituciones policiales y legales, con sentencias condenatorias». «Lo contrario, la impunidad, reforzaría la continuidad de la violencia», añade.

Asimismo, incide en definir los indicadores de vulnerabilidad en las víctimas contextualizadas en su realidad concreta. En este estudio se han discriminado las siguientes: mujer migrada, cargas familiares (hijos/as, personas dependientes), barreras idiomáticas y culturales, ausencia de recursos económicos, pertenencia a minorías étnicas; dependencia social, económica, emocional del agresor; ausencia de red familiar y social de apoyo, situación de exclusión social, problemática psiquiátrica y/ adicciones; cuidadoras principales de pacientes con enfermedad mental grave con irregular adherencia y/o abandono del tratamiento, o antecedentes de violencia de género con otras parejas.

También resalta que se debe ampliar «el foco atencional hacia el hombre, como punto de identificación y trabajo preventivo, al identificarse en él factores riesgo de violencia».

El informe insta a «visibilizar la violencia que sufren las y los hijos de las víctimas directas e indirectas de la violencia y que, en uno de los casos, ha sido asesinada junto con su madre». En este estudio, 13 menores han quedado huérfanos de madre y las secuelas de la violencia sufrida «condicionará su desarrollo madurativo, en algunos casos de manera irremediable». También apela a incrementar los medios materiales y humanos.