Los países de la Unión Europea han acordado este lunes apoyar en 2026 a los Estados miembros bajo mayor presión migratoria con 21.000 reubicaciones de migrantes y 420 millones de euros de asistencia financiera, un contingente inferior al que había propuesto Bruselas y defendía el Estado español, es decir, 30.000 reubicaciones y 600 millones.

El Consejo ha precisado en un comunicado que esa ayuda tiene en cuenta el hecho de que el primer año del ciclo de gestión de migración «empezará a implementarse a partir del 12 de junio de 2026», cuando comenzará la aplicación íntegra del pacto migratorio.

«El contingente de solidaridad no puede convertirse en un regateo de cifras», ha lamentado el ministro español de Interior, Fernando Grande-Marlaska durante el Consejo en el que se ha tomado la decisión, que opinó que se deben «identificar las necesidades de los Estados miembros bajo presión migratoria y atenderlas de la mejor forma».

El Consejo ha alcanzado un acuerdo político sobre el llamado «contingente anual de solidaridad», un fondo común de asistencia que constituye uno de los principales elementos del Pacto de la UE sobre Migración y Asilo. En particular, está previsto para aliviar la carga de los países a los que llegan la mayoría de los migrantes y reducir a largo plazo la presión migratoria en todos los Estados miembros.

Ese fondo común de solidaridad prevé tres tipos de medidas: reubicaciones, contribuciones financieras y medidas de solidaridad alternativas. Cada Estado miembro decide qué tipo de medida de solidaridad promete, incluyendo la posibilidad de comprometer una combinación de diferentes medidas.

En noviembre pasado, la Comisión Europea concluyó, tras evaluar una serie de criterios, que el Estado español, Chipre, Grecia e Italia se encuentran bajo presión migratoria y pueden beneficiarse de las medidas de solidaridad del fondo común.

Por su parte, identificó a Austria, Bulgaria, Croacia, Chequia, Estonia y Polonia como países que se enfrentan a una situación migratoria significativa debido a la presión migratoria acumulada en los años anteriores y dijo que tenían la posibilidad de solicitar una deducción total o parcial de sus contribuciones al fondo común de solidaridad. Todos ellos, menos Bulgaria, han pedido ser eximidos de esas contribuciones con vistas a 2026.

Tras el acuerdo político de hoy sobre el fondo común de solidaridad, el Consejo deberá adoptar formalmente la decisión de ejecución, lo que ocurrirá antes del 31 de diciembre de 2025.