La Jugado de Instrucción número 2 de Gasteiz ha acordado la apertura de juicio oral contra dos personas investigadas por las presuntas filtraciones de exámenes en la OPE de Osakidetza 2016-2017.

Esta decisión se produce después de que en septiembre de 2025 la Audiencia Provincial de Araba confirmase el sobreseimiento de las actuaciones para los otros 17 investigados en esta causa, según ha recordado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en un comunicado.

De hecho, Osakidetza acordó el pasado 3 de noviembre levantar la suspensión cautelar sobre los procesos selectivos para la adquisición de plaza como médico especialista en anestesiología y reanimación, aparato digestivo, cardiología, cirugía ortopédica y traumatología, urología, medicina intensiva, cirugía cardiovascular y neurofisiología clínica, así como de angiología, cirugía vascular y neurocirugía, y urgencias hospitalarias. Son las categorías que estaban bajo sospecha.

Un jefe de servicio y una opositora 

En el auto, la magistrada Blanca Ester Diaz dicta abrir juicio oral contra dos personas vinculadas con el examen de la especialidad de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, celebrado el 20 de mayo de 2018. Se trata del entonces jefe de servicio de esa especialidad en el Hospital de Donostia y una opositora.

Según el escrito de la Fiscalía, el acusado «recibió el encargo por parte IVAP de realizar 50 preguntas del examen teórico de la especialidad de cirugía plástica estética y reparadora, firmando para ello un contrato de confidencialidad y ostentando condición de funcionario público».

Y «en fecha indeterminada pero en todo caso con anterioridad al 20 de mayo de 2018, fecha en el que se realizó el examen en el aulario de las Nieves de Vitoria-Gasteiz, filtró las preguntas que había confeccionado a la acusada, opositora a la especialidad de cirugía plástica, estética y reparadora que al menos en aquella fecha era pareja sentimental del hijo del acusado, gracias a ello, la acusada contestó correctamente a 48 preguntas de las 50 facilitadas, obteniendo con ello una puntuación total de 72 puntos sobre 100 muy por encima del resto de opositores».

«El 20 de mayo de 2018 en el descanso entre el examen teórico y practico la acusada fue advertida en una entrevista reservada con miembro del IVAP y el presidente del tribunal de las sospechas sobre su nota, pese a la recomendación de retirarse, continuó en el examen hasta que el 22 de mayo de 2018 sobre las 14:29 horas mediante un mail renunció a su participación en la oferta pública de empleo, aceptada la renuncia el 28 de mayo de 2018 fue eliminada a continuación de la lista de aspirantes finalmente publicada», añade.

Cargos y petición de penas

El Ministerio Fiscal acusa al jefe de servicio de un delito de revelación de secretos con grave daño para la causa pública o para terceros; y reclama una pena de 2 años de prisión y 5 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

A la la opositora le imputa un delito intentado de revelación de secretos con grave daño para la causa pública o para terceros, y solicita 1 año de cárcel e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para empleo o cargo público durante el tiempo que dure la condena, así como 8 años de perdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios e incentivos fiscales o de la seguridad social.

Las acusaciones particulares también han reclamado la apertura de juicio, que tendrá lugar en la Audiencia de Araba.