La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha emitido un comunicado en el que dice «confiar» en que las autoridades regionales y estatales competentes garantizarán que se sigan debidamente todos los procedimientos pertinentes y se tengan en cuenta las aportaciones y pruebas científicas pertinentes sobre el proyecto de la variante de Las Carreras, la circunvalación de la carretera BI-734 prevista en el municipio de Abanto.

La decisión responde a una petición presentada por la plataforma vecinal STOP Variante Las Karreras, que alertaba de los posibles impactos ambientales del proyecto y una supuesta infracción de la directiva europea sobre los hábitats.

Concretamente, expresaba su preocupación por la afección de la obra a la coherencia ecológica de la Red Natura 2000, al considerar que la infraestructura podría provocar fragmentación ecológica y deteriorar la conectividad entre espacios protegidos. Señalaba la proximidad del trazado proyectado a la Zona de Especial Conservación (ZEC) Ría de Barbadun, un enclave de alto valor ambiental.

La petición, admitida a trámite el 9 de octubre de 2025, solicitaba que el proyecto respetara la Directiva europea sobre los hábitats y los principios de minimización del impacto ambiental, teniendo en cuenta la elevada fragilidad ecológica de la zona.

En su respuesta, la Comisión recuerda que cualquier proyecto con posibles efectos significativos sobre un espacio Natura 2000 debe someterse a una evaluación adecuada de sus repercusiones. No obstante, señala que, «según la información de que dispone actualmente la Comisión, el proyecto de circunvalación de la carretera BI-734 ha sido analizado por las autoridades competentes en materia de conservación de la naturaleza y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de impacto ambiental (EIA) con arreglo a la legislación española por la que se transpone la Directiva 2011/92/UE».

Asimismo, destaca que entre marzo y mayo de 2025 se llevó a cabo un proceso de consulta pública en el que se registró un número significativo de observaciones y objeciones por parte de la ciudadanía y del propio municipio, y que el informe final de evaluación ambiental todavía no ha sido concluido.

«No es posible pronunciarse sobre la compatibilidad del proyecto hasta que finalice la evaluación ambiental»

Aunque la Comisión afirma que, en el estado actual del procedimiento, no existen indicios de una infracción sistemática de la Directiva europea sobre los hábitats, remarca que no es posible determinar la compatibilidad del proyecto con la normativa europea hasta que finalice la evaluación ambiental.

Por ello, subraya que la responsabilidad de aplicar correctamente la legislación medioambiental de la Unión recae en las autoridades «regionales y nacionales», y que las posibles reclamaciones deben canalizarse preferentemente a través de los tribunales españoles.

Finalmente, Estrasburgo confía en que las administraciones competentes «garantizarán que se sigan debidamente todos los procedimientos pertinentes y se tengan en cuenta las aportaciones y pruebas científicas pertinentes».