El Ayuntamiento de Iruñea ha rechazado los argumentos de la empresa concesionaria del servicio de bicicletas eléctricas para su cese al entender que se le reclama un dinero con el que pagar deudas anteriores al contrato, y ha decidido seguir los trámites para la declaración de Ride On en concurso de acreedores y así poder recuperar el servicio.

Será hasta una nueva adjudicación ya en el mes de diciembre, ya que el cese sin acuerdo de la prestación del servicio obliga a un parón que ya comenzó la pasada semana, cuando Ride On anunció su colapso económico, que este mismo lunes ha confirmado tras atribuirlo al incumplimiento de los compromisos por parte del Ayuntamiento de Iruñea.

Sin embargo, el concejal de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030, Joxe Abaurrea, ha explicado en la rueda de prensa tras la reunión semanal de la Junta de Gobierno del Consistorio que el Ayuntamiento finalmente reclamará por vía judicial la apertura de un concurso de acreedores para la concesionaria una vez se ha confirmado que, unilateralmente, esta ordenó el viernes su cierre.

Esta reclamación ya se le ha comunicado formalmente a Ride On Pamplona y se sustanciará en los próximos días con la presentación de la respectiva solicitud ante el tribunal de lo mercantil.

Restaurar el servicio

El objetivo del Ayuntamiento es restaurar el servicio y garantizar su continuidad durante el periodo de transición hasta la entrada de la nueva adjudicataria que se prevé comience en septiembre y esté a pleno rendimiento en diciembre.

Abaurrea ha asegurado que la prioridad del Ayuntamiento de Iruñea ha sido la de alcanzar un acuerdo con la actual concesionaria para llevar a cabo una transición ordenada, pero el cierre «unilateral» del servicio por parte de Ride On aboca a este nuevo escenario judicializado que, por otra parte, ya estaba previsto como posibilidad.

A lo largo de la semana pasada y tras la amenaza de cierre lanzada el pasado día 6, el Ayuntamiento se centró en tratar de alcanzar un acuerdo basado en tres puntos fundamentales, el primero ofrecer pagos mensuales para garantizar el funcionamiento del sistema con parámetros de calidad (16.000 euros de anticipo mensual y pagos directos de los gastos principales del servicio).

Los otros dos son hacer una auditoría externa especializada para evaluar el estado del stock (la empresa valora las bicicletas en 700.000 euros y el consistorio en unos 400.000 iniciales) y llevar a cabo un control compartido de las cuentas y del pago de la deuda que arrastra la empresa.

Deficiencias

Las grandes deficiencias apreciadas mediante la revisión visual del stock y la negativa a que el mismo fuese auditado, así como la exigencia de que el Ayuntamiento reconozca como deuda facturas sin emitir del entramado empresarial de su administrador único, habían impedido ese acuerdo.

«La empresa ha tenido unas pretensiones desorbitadas en relación a lo que aportaba y no da pie a otra alternativa», ha dicho Abaurrea sobre la judicialización, en la que ha insistido en el incumplimiento de la empresa de la devolución de los 200.000 euros que dio para irlos recuperando a cuenta de beneficios mensuales, pero que Ride On asegura que fueron «a fondo perdido».

También ha señalado el edil su preocupación por que los ciudadanos puedan recuperar el dinero que mantienen en las tarjetas prepago con las que alquilaban las bicis, y ha señalado que se habilitará un sistema para que el Consistorio se lo devuelva, y posteriormente el Ayuntamiento lo reclamará a la empresa como acreedor.

«Estamos hablando de dinero público, y ha de gestionarse con responsabilidad; ceder a las pretensiones empresariales sin que haya garantías de calidad respecto al servicio y al material, no sería responsable y hacerlo porque encima de la mesa hay una amenaza unilateral de cierre, no sería ético», ha resumido Abaurrea.

La hoja de ruta: concurso de acreedores y respaldo a usuarios

A partir de ahora el Ayuntamiento, como uno de los acreedores de la empresa, pondrá en marcha la reclamación del correspondiente concurso. En esa situación, el Consistorio tratará de mantener el servicio negociando, directamente, con el administrador concursal.

Abaurrea ha reconocido que, en este escenario, cabe la posibilidad de que se interrumpa el servicio durante un tiempo, pero el Ayuntamiento ya ha diseñado un sistema para garantizar que nadie que tenga dinero invertido en abonos, que en conjunto podría superar los 250.000 euros.

«Es verdad que nos enfrentamos a la posibilidad de estar unos meses sin servicio, pero también es verdad que no podemos aceptar actuaciones unilaterales y desobedientes y que nuestra prioridad será que la ciudadanía no pierda su dinero», ha señalado Abaurrea.

La otra gestión es asegurar las condiciones para que Iruñea no pierda la subvención de 1,03 millones en fondos Next Generation UE que recibió en 2023 para el sistema de bicicleta eléctrica. La respuesta ha sido que, siempre y cuando se justifique el cambio, se garantice que se va a poner en marcha un nuevo servicio y se mantenga la prestación para la que fue concedida la subvención, no habrá causa de reintegro de esos fondos.

El nuevo servicio: diez años y carácter comarcal

De forma paralela a la puesta en marcha de la vía judicial, el Ayuntamiento intensifica su labor para cerrar la licitación para un nuevo servicio, esta vez de pleno control municipal, de bicicleta eléctrica que se lanzará a principios de marzo, se resolverá antes de San Fermín, podría empezar a implementarse en septiembre y deberá estar plenamente operativa en diciembre. Se trabaja sobre un contrato para la prestación de un servicio público por un total de diez años.

La futura operadora aportará al contrato todos los elementos necesarios para mantener la dimensión del servicio que actualmente tiene Pamplona (estaciones, bicicletas, talleres, etc.), así como capacidad para asumir el incremento de elementos que se soliciten por parte del resto de ayuntamientos de Iruñerria para ampliar el sistema.

Este incremento está actualmente estimado en diez nuevas estaciones y cien bicicletas, pero podrá llegar hasta 30 nuevas estaciones y 300 bicicletas.

En cuanto al proceso de comarcalización, el pliego que ultima el Ayuntamiento prevé habilitar dos fases. La primera será el reconocimiento de la capacidad del Ayuntamiento de Iruñea para firmar acuerdos bilaterales con otros ayuntamientos para extender el servicio a esos municipios.

La nueva adjudicataria tendrá que garantizar capacidad para suministrar, además de las estaciones solicitadas en el pliego, al menos, otras 20 bases y otras 200 bicicletas.

La segunda fase contemplará la posibilidad de que el servicio lo asuma directamente la Mancomunidad de Iruñerria en el momento en que el servicio este desplegado, a pleno rendimiento y esta entidad disponga de personal y conocimiento técnico para ello.

PSN: «Poner fin al caos»

«Frente al relato de que el sistema muere, la prioridad institucional deber ser garantizar la continuidad del servicio y corregir un modelo que ha demostrado graves deficiencias de planificación, gestión y supervisión», ha señalado el grupo municipal del PSN en Iruñea en una nota.

Según el PSN,  lo sucedido «no es fruto de un hecho aislado, sino la consecuencia de años de decisiones erráticas en las que la ciudadanía no puede ser rehén de contratos fallidos, interrupciones del servicio o disputas administrativas entre el Ayuntamiento y la empresa adjudicataria».

La portavoz del PSN, Marina Curiel recuerda que «su posicionamiento ha sido siempre claro y coherente, la solución estructural pasa por mancomunar el servicio, integrándolo en un sistema comarcal de movilidad sostenible, bajo criterios técnicos, financiación estable y gestión pública coordinada».

Por todo ello, el PSN de Iruñea exige al equipo de gobierno «responsabilidad y coordinación con la Mancomunidad para cerrar esta etapa de improvisaciones y avanzar hacia un modelo mancomunado estable y eficaz».

UPN: «Batacazo de Asiron»

El grupo municipal de UPN ha lamentado «la confirmación del batacazo de Asiron» con el servicio de alquiler de bicicletas eléctricas, lo que ha «dejado en la estacada a cerca de 90.000 usuarios» y ha señalado que, «a pesar de las reiteradas acusaciones por parte del actual equipo de gobierno de que todo esto es ‘herencia del gobierno de UPN’, la situación actual es responsabilidad exclusiva de EH Bildu».

UPN ha añadido que el sistema se implantó durante su mandato y que, mientras estuvieron en el gobierno municipal, «funcionaba correctamente, sin coste para el Ayuntamiento y estaba muy bien valorado entre los usuarios».

«Han sido las decisiones del actual equipo de gobierno las que nos han traído a esta situación. Recordamos que el concejal Joxe Abaurrea salió en abril, más de un año después de la moción de censura, a anunciar un acuerdo que calificó como ‘fantástico’ porque ‘solucionaba todos los problemas’ que, según él, presentaba el servicio. Evidentemente, el acuerdo resultó un fracaso, porque saltó por los aires solo un mes después de hacerse efectivo», ha criticado UPN.