Las nuevas viviendas turísticas que salgan al mercado tendrán que renovar su licencia cada cinco años para adaptarse a cualquier cambio normativo que haya y las sanciones podrán alcanzar los 300.000 euros para las infracciones muy graves, según se recoge en el anteproyecto de ley de turismo elaborado por Lakua.

Dicha normativa incluye expresamente la prohibición de establecer inmuebles de uso turístico en zonas tensionadas, en viviendas protegidas y en suelo no urbanizable. Igualmente, se limita la implantación de viviendas turísticas en núcleos rurales (en explotaciones agrarias o arquitectura tradicional).

También se endurecen los requisitos de las plataformas y canales de promoción de viviendas turísticas y se refuerza la inspección y sanción de la actividad ilegal, para «garantizar que la actividad sea compatible con el uso residencial de los edificios y la convivencia y también que respete la convivencia con los vecinos», ha remarcado el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado.

El contenido de la futura ley se adecúa al Reglamento Europeo de alquileres de corta duración y a la Ventanilla Única Digital, incorporando conceptos como las plataformas digitales de intermediación turística. Del mismo modo, se alinea con el Plan Territorial Sectorial de Recursos Turísticos, que se está desarrollando coordinadamente con el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana y que se presentó el pasado septiembre.

Por otro lado, busca reforzar el modelo de sostenibilidad turística de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, incorporando conceptos como la gobernanza, la ética turística o la sostenibilidad. En este último apartado, incluye «las vertientes medioambiental, sociocultural y económica» y hace «alusión clara a retos como el cambio climático», ha especificado Hurtado.

El nuevo reglamento pendiente de aprobación busca fortalecer al sector y su profesionalidad, y dedica un capítulo a la competitividad e incorpora la calidad del empleo y la defensa de los derechos laborales, y el Sistema de Inteligencia Turística (SIT).

Otro aspecto que impulsa es la mejora del control y ordenación de la actividad turística, reordenando y fortaleciendo los apartados relativos a las inspecciones y sanciones. Estas últimas quedan clarificadas y definidas con mayor detalle, además de que se incorporan nuevas infracciones, como la posibilidad de multar al titular de aquella vivienda turística que perturbe la convivencia.

Sanciones más elevadas

«Va a haber más sanciones y más posibilidades de sanción y las cuantías se gradúan», ha precisado el consejero, quien ha avanzado que «las infracciones leves conllevarán una sanción de 100 a 10.000 euros, las graves de 10.000 a 60.000 euros, y las muy graves de 60.000 a 300.000 euros».

Asimismo, esta ley optimiza los protocolos de inspección, ya que dota de más funcionalidad a los inspectores, permitiéndoles, por ejemplo, no identificarse cuando el hacerlo pueda frustrar el objeto de la inspección que están llevando a cabo.

Aumenta la protección de los usuarios en situaciones de crisis y refuerza el compromiso con un turismo inclusivo, integrando la accesibilidad y la atención a la diversidad funcional, social y de género como principios transversales de la política turística.

Por último, se actualizará la clasificación de establecimientos y empresas turísticas. Así, se da una mejor regulación a las residencias de estudiantes y cabida a nuevas modalidades y alojamientos singulares, regulando el turismo activo o el ecoturismo y las empresas que los ejercen, que no están en la actual Ley de Turismo de 2016.

Precisamente, esta última será sustituida por el anteproyecto, ante los «rápidos cambios sociales, legislativos y la evolución del sector turístico», que hacen necesaria su modificación «para adaptarla a los nuevos tiempos y hacer frente a los retos globales del ámbito turístico», ha remarcado Hurtado.

El consejero ha avanzado que la previsión es aprobarlo en Consejo de Gobierno a finales de este año, tras el periodo de audiencia pública y de presentación de alegaciones del sector y administraciones, para su posterior remisión al Parlamento.