El Gobierno español ha aprobado este martes, en segunda vuelta, el anteproyecto de ley del estatuto de las personas en formación práctica no laboral, el llamado Estatuto del Becario, con el que busca «luchar contra la precariedad», más de dos años después de que el Ministerio de Trabajo y Economía Social firmara y presentara esta norma con los sindicatos.

El proyecto de ley, que deberá sumar los apoyos necesarios para superar el trámite parlamentario, busca, entre otros aspectos, la compensación de gastos de los estudiantes en prácticas o el derecho a vacaciones, y fija multas para las empresas que incumplan.

El anteproyecto es fruto de un texto sellado en 2023 con los sindicatos del que se descolgó la patronal. Según ha destacado el Ministerio de Trabajo, persigue regular las prácticas de Formación Profesional, las de enseñanzas artísticas y deportivas, las vinculadas a especialidades formativas del sistema nacional de empleo y las prácticas académicas externas de las universidades, tanto las curriculares como las extracurriculares. Se trata, ha indicado, de una herramienta para erradicar prácticas como las de los falsos becarios que suponen un doble fraude tanto laboral como formativo.

La norma, que no contó con la participación de la comunidad universitaria según denunciaron los rectores, recoge un régimen sancionador a las empresas por incumplir los derechos de los alumnos; una compensación de los gastos que tengan los estudiantes; y limita las prácticas extracurriculares a 480 horas.

Multas de entre 120.006 y 225.000 euros

En lo que respecta a las sanciones, el Estatuto del Becario incluye un régimen sancionador con multas para las empresas de entre 120.006 y 225.018 euros en el caso de que se produzcan infracciones muy graves en su grado máximo. Si las infracciones son consideradas muy graves pero en su grado mínimo, las multas irán de 7.501 a 30.000 euros, mientras que en su grado medio serán de 30.001 a 120.005 euros.

Las infracciones serán, según establece el documento, muy graves cuando se produzcan discriminaciones directas o indirectas desfavorables por razón de edad o discapacidad o favorables o adversas en materia de retribuciones, jornadas, formación, promoción y demás condiciones de trabajo.

Asimismo, serán consideradas infracciones muy graves aquellas por circunstancias de sexo; origen, incluido el racial o étnico; estado civil; condición social; religión o convicciones; ideas políticas; orientación sexual; adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos; vínculos de parentesco con otros trabajadores en la empresa o lengua dentro del Estado español, así como un trato desfavorable de los trabajadores como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante una acción administrativa o judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación.

Las empresas en las que los estudiantes desarrollen las actividades formativas también deberán compensar los gastos de los alumnos, en los términos previstos en el correspondiente convenio o acuerdo de cooperación, «por una cuantía mínima suficiente para compensar todos aquellos en los que la persona en formación práctica en la empresa incurra como consecuencia de esta, tales como gastos de desplazamiento, alojamiento o manutención».

Entre los periodos de formación práctica en la empresa contemplados en el Estatuto del Becario, destaca que finalmente se han incluido en el acuerdo las prácticas extracurriculares desarrolladas durante los estudios oficiales de grado máster universitario o, en su caso, doctorado.

No obstante, las prácticas extracurriculares desarrolladas durante los estudios no deberán superar el 15 por ciento de las horas en que se concreten los créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Crédito) de la titulación ni 480 horas.

También se han incluido las prácticas desarrolladas durante los estudios vinculados a títulos propios de las Universidades, cuando la suma total de prácticas curriculares y extracurriculares no supere el 25% de los créditos ECTS de la correspondiente titulación. Sin embargo, los títulos propios que tengan una duración mínima de 60 créditos ECTS tendrán la posibilidad de establecer prácticas por un periodo de 3 meses.

La norma también recoge las obligaciones que tendrán las personas en formación práctica en el ámbito de la empresa, como cumplir la normativa vigente relativa a prácticas externas establecida por su centro formativo; conocer y cumplir el proyecto formativo de las prácticas, siguiendo las indicaciones de la persona tutora asignada por la empresa bajo la supervisión de la persona tutora académica; o mantener contacto con la persona tutora académica durante el desarrollo de la práctica y comunicarle cualquier incidencia.

Saiz: «No puede ser más oportuna»

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado que esta norma «no puede ser mas oportuna, porque ayer mismo se superaron los 2 millones de jóvenes, el 56% mujeres, que han cotizado en sus prácticas formativas no remuneradas desde el 1 de enero de 2024».

«El Estatuto del Becario incide en esta línea, garantiza los derechos y evita el abuso de los jóvenes estudiantes que están dando sus primeros pasos en el mercado laboral», ha subrayado Saiz.